La asfixia burocrática crece constantemente en nuestro país, a los obstáculos de acceso al mercado único europeo se suma la ruptura del mercado nacional propiciada por la fragmentación de la normativa autonómica, y que tiene un impacto del 3,5% del PIB español en este segundo caso. El coste total para las empresas españolas de las dificultades de acceso al mercado europeo y español asciende a 90.000 millones de euros, el equivalente a 4.660 euros por hogar, lo que se añade al creciente intervencionismo del Estado en la economía.
Un efecto que hará perder 100.000 puestos de trabajo en la próxima década por la acumulación de los nuevos requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias, según el Informe del Instituto Juan de Mariana. España está en el puesto 97 del último ranking creado por el Banco Mundial sobre las facilidades para hacer negocios por países. La normativa fiscal y el aumento de la presión impositiva conducen a una sobrecarga procedimental para las empresas.
Unas empresas que no pueden dedicarse a invertir e innovar sino a cumplir trámites de todo tipo. La carga regulatoria afecta a las posibilidades de inversión, cuando a finales de 2023 la inversión real en España seguía un 5% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y su peso en el PIB se encontraba en cotas parecidas a los niveles anteriores a la crisis económica 2007-2008 y que se prolongaron hasta los años 2012-2013. Este actual crecimiento en España sin inversión provoca pérdidas de productividad y compromete la sostenibilidad de la economía española.
El clima regulatorio indica que el 73% de las empresas consideran que la regulación laboral y empresarial es un obstáculo para la inversión, 12 puntos más que la media comunitaria. Un exceso normativo que afecta a 1.930.000 empresas españolas y a 9.750.000 trabajadores. Existen 10.300 normas laborales en nuestro país y sobre igualdad de género entre 1996 y 2022 se aprobaron 22.377 normas, más de un 80% por las Comunidades. Al mismo tiempo que entre 2000 y 2022 se ha aprobado 9.489 regulaciones “verdes”. Así, está en trámite de enmiendas en el Congreso el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que obligará a las grandes empresas, así como a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que hayan emitido valores admitidos a negociación en un mercado organizado, a presentar informes sobre sostenibilidad ambiental, derechos humanos y gobernanza.
El Informe Dragui proporciona así un diagnóstico claro del declive económico de la Unión Europea frente a Estados Unidos y China, en un entorno global cada vez más polarizado. En las dos últimas décadas la Unión Europea ha crecido menos que Estados Unidos y China, perdiendo peso a nivel mundial. Detrás de esta pérdida está el bajo crecimiento de la productividad europea, que ha repercutido en una caída de su competitividad.
El Informe Draghi identifica tres transformaciones: innovación, descarbonización y seguridad económica. Conjuntamente conforman una estrategia de desarrollo industrial para Europa, pues son las palancas necesarias para impulsar la productividad y el crecimiento. En Europa el incremento de la productividad se ha reducido, la productividad creció un 1,9% anual de promedio entre los años 2000 y 2006, y un 0,9% entre el 2007 y el 2022. Mientras que el crecimiento de la productividad en España ha sido muy bajo las últimas dos décadas, lo que ha hecho que se aleje del de la Unión Europea y se acerque al de las regiones menos productivas. En efecto entre los años 2000 y 2022, la distancia respecto a la Unión Europea se ha doblado. La productividad ha pasado de ser un 6% inferior a un 12% respecto a Europa.
Por tanto, añadir más trabas al empresariado dificultará la posibilidad de nuevas inversiones y generará una disminución de la productividad de nuestras empresas que impedirá la competitividad de las mismas en un mundo globalizado.
