El Grupo Parlamentario socialista ha solicitado en las Cortes una comisión de investigación para aclarar las dudas surgidas en torno a la trama Gürtel después de que el auto del juez Ruz posicionara a Castilla y León como el “origen” de la misma con la imputación de Jesús Merino, quien en esos años ocupó los cargos de vicepresidente de la Junta, secretario autonómico del PP y diputado nacional.
Así lo aseguró ayer el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, quien afirmó que “los orígenes de la trama afectan de lleno al PP de Castilla y León”. Además, afirmó que, tras conocerse el auto, el PP debería sentirse “avergonzado”, “dar explicaciones” y “asumir responsabilidades” ya que, entre las imputaciones a Merino figuran delitos de cohecho, blanqueo de capitales, apropiación indebida y estafa procesal en grado de tentativa.
“Tras conocerse todos estos delitos aquí no pasa nada, se ha utilizado dinero público y no pasa nada, el PP de Castilla y León está asediado por los casos de corrupción”, reseñó Tudanca.
De este modo, defendió la importancia de impulsar una comisión de investigación sobre la trama Gürtel en Castilla y León porque “los ciudadanos se merecen saber qué ha pasado con su dinero”. “El PP tiene que dar la cara de una vez”, criticó el socialista, quien informó de que su partido ha reclamado ya 27 comisiones de investigación, la última sobre la trama ‘Púnica’, y todas fueron rechazadas.
Transparencia
“Exijo transparencia y que deje de esconderse el grave daño que se ha hecho a las arcas públicas”, manifestó el socialista, quien reiteró que su partido no se sentará a pactar con el PP medidas de transparencia y contra la corrupción hasta que no actúen con hechos. “Si no cambian de actitud, se dejan de esconder tras su rodillo de la mayoría absoluta en las Cortes y se someten a las comisiones de investigación no hay nada que hablar con el PP”, insistió.
Según el auto, Luis Bárcenas y Jesús Merino “convinieron con Pablo Crespo y Francisco Correa prevalecerse de la autoridad e influencia que tenían sobre cargos públicos de la formación a la que pertenecían, fundamentalmente de Castilla y León, para obtener adjudicaciones a favor de las empresas de la confianza de Correa a cambio de gratificaciones en efectivo”.
