La fotografía que persiguió durante años el anterior alcalde, Pedro Arahuetes, en defensa de la legalidad, la consiguió ayer su sucesora. No en vano, la alcaldesa, Clara Luquero, poco proclive al afán de protagonismo, no dudó en encaramarse a la excavadora que, minutos después, comenzaría a demoler los miniapartamentos ilegales construídos, hace ocho años, en una finca situada en la ribera del Eresma. “Voy a subirme a la excavadora en honor al anterior alcalde”, afirmó Luquero, quien, en declaraciones a los periodistas, calificó el día de ayer como “un buen día para Segovia” y “para la lucha contra la corrupción [urbanística]”.
Una sentencia del TSJCyL confirmó, hace ahora un año, la imposición de una importante sanción económica —en su conjunto, superior a los 350.000 euros— a la sociedad promotora de la obra “Hontanilla de Santo Domingo S.A.”, participada por los ex concejales del PP, Ángel Sancho y Manuel González Herrero, y al equipo técnico de las obras. El tribunal calificó como “una infracción urbanística muy grave” la construcción, en 2006, en una huerta calificada como suelo especialmente protegido, de 46 estudios o pequeños apartamentos , de los que 16 fueron ejecutados. La licencia municipal únicamente amparaba la construcción de un muro de contención, donde se camuflaron esos ‘zulos’ o ‘minipisos’.
Luquero subrayó que el Ayuntamiento está obligado a reponer la legalidad y calificó el derribo como una ‘acción ejemplarizante’, porque los miniapartamentos “fueron construídos con el objetivo de lucrarse en un espacio protegido”.
La alcaldesa recordó que el entonces concejal del PP, Ángel Sancho, tuvo que dimitir por el escándalo y que los promotores llegaron a afirmar, sin rubor, que su intención era enterrar los minipisos para que una modificación del PGOU pudiera legalizarlos en el futuro. “[Sancho] hubiera sido el responsable de Urbanismo si el PP hubiese gobernado ¿Hubieran intentado legalizar lo ilegalizable? ¿Una corrupción sobre otra corrupción?”, se preguntó Luquero.
Las obras, que finalmente supondrán un gasto de 60.000 euros, finalizarán antes de acabar el año y consistirán en la demolición de todo lo que no estaba amparado por la licencia. Los cubículos quedarán cubiertos, se realizará un cerramiento de fábrica de ladrillo y se adecuarán los taludes de tierra. Por su parte, el edil de Urbanismo, Alfonso Reguera, señaló que el Ayuntamiento reclamara a la promotora el montante de las sanciones como el coste de las obras de derribo; “y si no hay más remedio, se embargarán sus bienes”, caso de la propia parcela, sobre la que pesa una hipoteca con Bankia. “Ellos [Bankia] tendrían una situación prioritaria, pero nosotros vamos a llegar hasta el final”, subrayó.
Fuertes multas
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) confirmó en enero de 2013 la ilegalidad de los miniapartamentos construidos por “Hontanilla de Santo Domingo S,.A.”. La sentencia del tribunal autonómico elevó la infracción a la categoría de “muy grave”, con multas por un valor conjunto de 350.000 euros a la promotora, al arquitecto y al arquitecto técnico responsables del proyecto. Entre los socios de la sociedad promotora, se encontraban los ex concejales del PP, Ángel Sancho —que dimitió por el escándalo— y Manuel González Herrero, mientras que el equipo técnico lo formaban el arquitecto Tomás Sanz Arranz y el arquitecto técnico Javier Lobo Pascual. El entonces alcalde, Pedro Arahuetes, explicó que la multa a la promotora, como persona jurídica, ascendería a 210.000 euros, mientras que el arquitecto sería sancionado al pago de 122.500 euros.
Un decreto de Alcaldía ordenó paralizar en 2006 las obras que se ejecutaban en la parcela al detectar la construcción de 46 miniapartamentos — 16 ya acabados y otros 30 más en ejecución—aprovechando el espacio interior de unos muros de contención. Los mini-apartamentos, de unos 20 metros cuadrados cada uno, —con puerta independiente, suelo de baldosa, techo de madera y aseos— permanecían ocultos con tablones y tierras. El solar tenía la calificación de “suelo rústico especialmente protegido” y estaba amparado por la declaración de paisaje pintoresco de 1947.
La paralización de las obras supuso la «culminación de un proceso» de acumulación de «indicios»; esto es, la decisión de produjo cuando los técnicos municipales recopilaron un número «suficiente de pruebas concluyentes» de lo que se ejecutaba y, por tanto, de «la intención de los promotores de engañar».
Tras paralizar la obra, el Ayuntamiento puso el caso en manos de la Fiscalía y, a petición de ésta, el Juzgado abrió la correspondiente investigación. González Herrero, admitió en su día, en declaraciones a EL ADELANTADO, que el propósito era enterrar los apartamentos a la espera de que una modificación del planeamiento urbanístico los legalizara. Y después lo confirmó en rueda de prensa. La propiedad los tapó con tierra para garantizar la restitución del paisaje, aunque con el propósito de pedir en el futuro una modificación del PGOU que autorizara el uso de los espacios como alojamientos para estudiantes.
