Aunque de los 1.676 bebés, niños y adolescentes separados de su familia que la Junta de Castilla y León tiene bajo su tutela más del 55 por ciento -935- se encuentran ya en hogares, 741 aún crecen en centros de protección. Muchos de ellos darán el paso a la vida adulta tras pasar una infancia sin padres e institucionalizados en distintos recursos de acogida.
Y es que los menores que ya no son tan pequeños o están afectados por alguna discapacidad o enfermedad crónica lo tienen más complicado para ser acogidos.
En este sentido, según los datos facilitados a EFE por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un total de 65 en acogimiento residencial presentaban necesidades especiales al término de 2024. Una cifra que se ha duplicado con respecto al año 2020, cuando eran 33.
Los 741 menores que están distribuidos entre las provincias de Valladolid (178), León (162), Salamanca (88), Ávila (71), Burgos (56), Palencia (56), Segovia (49), Zamora (48) y Soria (33) no han dejado de aumentar en el último lustro.
Así, las estadísticas de la Dirección General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad recogen que, si en 2020 eran 513, un año más tarde, en 2021, su cifra ascendía a 552. En 2022 ya eran 634 y en 2023 un total de 656, con esos 741 en el 2024.
Los esfuerzos se centran en incrementar la bolsa de familias decididas a hacerse cargo de sus cuidados. En la actualidad, un total de 473 menores están en manos de parientes -en jerga administrativa: familia extensa- como tíos y abuelos.
Otros 462 han sido acogidos por personas ajenas, es decir, sin vínculos de consanguinidad en el marco de una fórmula mucho más rentable que el internamiento en un centro, tanto a nivel emocional como económico.
LEÓN, A LA CABEZA
León, con 272 menores en acogimiento -tanto en familia extensa como ajena-, se sitúa a la cabeza de la Comunidad muy por delante de Valladolid (163), Burgos (111), Salamanca (85), Ávila (80), Zamora (74), Soria (55), Palencia (53) y Segovia (42).
La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), a la que pertenece las entidades castellanoleonesas AFASEGO, AFASA y ARFACYL, instaba hace unos días a la Junta de Castilla y León a cumplir el compromiso al que llegó en 2022, junto al resto de comunidades autónomas y el Gobierno central, para que todos los menores tutelados de menos de seis años vivan en una familia de acogida antes de que acabe 2025.
Sin embargo, según el último boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia, en esta región hay todavía 62 niños y niñas viviendo en centros tutelados. Una cifra que en España asciende hasta los 1.200.
El acogimiento, que es incompatible con la adopción, tiene un principio y un fin que llega cuando los padres biológicos superan el problema que dio lugar a la situación de desamparo y, por ende, a la pérdida de la custodia. El objetivo es que nunca pierdan el contacto con su familia (con arreglo al plan de intervención establecido) y vuelvan con ella lo antes posible.
A veces, lamentablemente, eso no ocurre. Los expertos sostienen que crecer en un hogar logra minimizar los efectos de una realidad de dificultad social (maltrato, abandono, encarcelamiento, drogadicción, fallecimiento o pobreza extrema de los progenitores) sobre el niño.
