El Plan Hidrológico de la vertiente española del Duero identifica las infraestructuras prioritarias que deben desarrollarse en los próximos cinco años, es decir, antes del 31 de diciembre de 2015 para cumplir la normativa y conseguir el «buen estado» de las 774 masas de agua de la demarcación. El coste de las 969 medidas previstas alcanza los 2.712 millones, de los que 1.035 se destinará a de saneamiento. El resto de la inversión se distribuirá en obras vinculadas con infraestructuras hidráulicas, regadíos, redes de abastecimiento y sistemas de regulación y control.
Así lo recoge esta propuesta, que se mantendrá en exposición pública seis meses y que tendrá que ser aprobada como Real Decreto por el Gobierno a mediados del próximo año. Además, el plan asume la imposibilidad de que 95 actuaciones se ejecuten en el periodo 2010-2015 por lo que pospone su realización a antes de 2027, lo que elevará la inversión realizada a 5.127 millones. Actualmente, cumplen los objetivos ambientales el 59 por ciento de las masas de agua del Duero, pero con la aplicación de estas medidas se espera que en 2015 el porcentaje de las que alcancen los objetivos ambientales supere el 91 por ciento. Plantea la construcción de 439 depuradoras, la conversión en regadío de 125.000 hectáreas y la modernización de otras 140.590, aunque pospone 95 proyectos a 2027. La Junta asumirá el 46 por ciento de la inversión y la empresa Somacyl el dos por ciento, lo que supondrá un desembolso de 1.250 millones y 41,4 millones, respectivamente. El Estado asumirá 1.373 millones, de los que 268,1 serán aportados por la CHD; 467,1 millones, por Acuanorte; 246,2 millones, por Seiasa y 391,5 por el Ministerio de Medio Ambiente. También contribuirán los gobiernos autonómicos de Cantabria, con 1,3 millones y Galicia, con 6,2; las administraciones locales, con 23,9 millones y los particulares, con 15,6.
Teniendo en cuenta la programación de las inversiones, de acuerdo a los planes y programas puestos en marcha, la Junta deberá afrontar una inversión de 256 millones para este año, 230 millones en 2012; 212 millones en 2013; 193 en 2014 y 191 millones en 2015. Además, el plan recoge los costes referidos a la explotación de las infraestructuras que entren en servicio, lo que ascenderá a 391,4 millones. De esta forma, cifra en 672 millones el coste anual equivalente del plan de medidas.
De las 969 medidas, 716 tienen una consideración básica para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la normativa comunitaria sobre protección del agua. Para priorizar las acciones, el plan recoge un análisis de la eficacia de las acciones en función del número de masas de agua que mejoran de estado a causa de la medida o grupo de medidas. Otra de las áreas en las que plantea intervenir es la referida a los sistemas de regadíos. Considera necesario la modernización en una superficie de riego total de 140.593 hectáreas y la conversión de otras 125.000 hectáreas. También destaca el campo referido a la restauración de ríos y zonas húmedas, la regulación de las avenidas y el control de las inundaciones.
Asimismo, se cuantificará el nivel de recuperación del coste invertido por las administraciones públicas en la prestación de los servicios del agua. Esta visión está en línea con la Directiva Marco del Agua que determina que los Estados miembros deberán asegurar que los precios del agua incorporan incentivos para un uso eficiente del agua.
