El equipo de Gobierno de la Diputación de Segovia emitió este miércoles un comunicado para explicar la renuncia a una subvención de 749.500 euros destinada a la digitalización y transformación del medio rural dentro del programa ‘Reto Rural Digital’. En el mismo, el Gobierno provincial señaló que «mantiene su convencimiento en el avance en líneas y programas que resulten realmente beneficiosos» para los habitantes del medio rural segoviano y, por ello, insiste en continuar con el diseño y puesta en marcha de un «proyecto transversal», de la mano de la Junta de Castilla y León, que permita llevar formación en competencias digitales a los pueblos del territorio provincial. Según sostiene, «eso refuerza» la decisión de desistir de la solicitud de la subvención del denominado Reto Rural Digital, dependiente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contando con fondos europeos.
La diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, explicó que “el Gobierno ha tardado en resolver la convocatoria más de ocho meses, haciendo casi imposible llevarlo a cabo por los cortos plazos de ejecución y justificación”. El proyecto en el que está implicada la institución provincial contempla acciones formativas a través de unidades móviles que recorran el medio rural con personal técnico y equipamientos informáticos e incluyendo, además, un apartado tan importante como la mentorización y el seguimiento de las nociones impartidas. Una posibilidad que se abrirá a las localidades que lo deseen y que se pondrá en marcha junto al Servicio de Sociedad de la Información y Competencias Digitales de la Junta de Castilla y León.
Esta acción, tal y como confirman, será gratuita para la Diputación de Segovia, cuyas arcas no tendrán que aportar cantidad alguna, además de sumar la capacidad de ese organismo del Ejecutivo autonómico, incluyendo unos 40 formadores, 22 centros asociados y las mencionadas aulas móviles e itinerantes, que permitan una formación de entre siete y diez horas, como valoró Martín, quien también ponderó ventajas como “la posibilidad de presencia en todo el territorio”, frente a obligaciones tan asumibles como “la captación de alumnos o las labores de difusión”, pudiendo alcanzar temáticas como el desarrollo de sedes electrónicas o de la sede virtual tributaria, entre otras. Por eso, la diputada insistió en “huir de los regalos envenenados que también incluyen algunas líneas de fondos europeos”.
La diputada remarcó que un informe avalado por los técnicos de Asistencia a Municipios, Asuntos Sociales e Informática aconseja la renuncia a la subvención del Reto Rural Digital, “ante la imposibilidad de cumplir con las exigencias”, como la necesidad de tramitar por procedimiento de urgencia una subvención -extremo que no contempla la Secretaría General de la Diputación-, la necesidad de que la formación alcanzase a 4.880 personas en seis meses y el hecho de no garantizar nada más allá de las clases: sin acompañamiento o seguimiento posterior de tipo alguno. A todo ello se sumaría que, de incumplir los términos de la subvención concedida, habría que devolver la cantidad aportada (hasta 749.500 euros) más los intereses generados.
Por su parte, la diputada provincial socialista Gloria Hernando dijo que la decisión de renunciar a la subvención es una «irresponsabilidad política» que «afecta directamente a la ciudadanía del medio rural, privándola de una oportunidad de avance en digitalización y transformación, elementos clave para combatir la despoblación y mejorar la calidad de vida en los municipios».
Martín recuerda que hasta el 17 de diciembre de 2024 «no se recibió» la comunicación con la resolución provisional de concesión de la ayuda por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, siendo el 30 de enero el último día para solicitar la subvención. A esto se refería igualmente el presidente, Miguel Ángel de Vicente, durante el Pleno ordinario del mes de enero cuando, en respuesta a la diputada socialista Gloria Hernando sobre este asunto, apuntaba que habría que iniciar un proceso de contratación largo, abordar la ejecución y culminar la justificación, todo en seis meses. Elementos que han llevado a concluir que la acción “no se habría podido realizar bien ni como nosotros queríamos”. Todo eso, unido al informe técnico desaconsejando la aceptación de la subvención, han llevado al desestimiento, teniendo en cuenta, además, que se ha buscado “una alternativa mejor, con el trabajo de la mano de la Junta de Castilla y León”, según argumentó Martín. Haciendo referencia a la sesión plenaria correspondiente al mes de enero, la diputada lamentó que “el grupo socialista nos tenga acostumbrados a justificar su actividad del resto del mes, convirtiendo en notas de prensa las respuestas que desde el equipo de Gobierno les damos en el Pleno”.
