Después de la polémica suscitada con el anuncio de recortes salariales para los funcionarios por parte del líder del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró ayer que la medida, que reducirá un cinco por ciento el sueldo para los empleados públicos, no afectará a los trabajadores del sector empresarial estatal, al estar sujetos al ámbito de la negociación colectiva, lo que, según la socialista, «hay que respetar».
Tras la reunión del Consejo de Ministros, De la Vega explicó que dentro de las compañías del Estado, la disminución solo se aplicará a los directivos, en tanto que para el resto de trabajadores habrá que ceñirse a la negociación colectiva.
También se verán afectados por la rebaja salarial «todos los empleados públicos: funcionarios, estatutarios y laborales», que dependan de las diferentes administraciones públicas (central, autonómica y local).
La vicepresidenta contestó a una pregunta sobre este aspecto del recorte salarial, después de las aclaraciones reclamadas ayer públicamente desde los sindicatos, que también pidieron que se detalle cuanto antes la reducción exacta para cada tramo salarial para acabar con la incertidumbre de un colectivo de más de 2,5 millones de personas.
En este sentido, la socialista reconoció que las medidas de ajuste son «duras, difíciles y especialmente dolorosas», y aseguró que al Gabinete también «le duele y le afecta» tomarlas, pero es consciente de que tiene que hacerlo para «formar el modelo de sociedad que defiende y en el que cree».
«Que nadie dude de que el compromiso social del Gobierno sigue siendo el mismo», indicó, y añadió que si se han tomado medidas «excepcionales» es para responder a una situación excepcional, pero no significa que el Ejecutivo esté renunciando a los principios que han guiado su acción política, entre los que citó la extensión de derechos a todos los ciudadanos.
Asimismo, admitió las diferencias existentes con los sindicatos en torno a las medidas para recortar el déficit público, pero se mostró convencida de que el objetivo de todos es el mismo, «asegurar el bienestar presente y futuro de los españoles».
También agradeció a los representantes de los trabajadores la responsabilidad con la que han venido actuando en los últimos dos años y que se mantengan en el diálogo social a pesar del disenso, y mostró su deseo de que se pueda llegar a un acuerdo en torno a la reforma laboral.
También confió en conseguir el apoyo parlamentario suficiente para sacar adelante las medidas de austeridad anunciadas el miércoles por Zapatero, en el Congreso de los Diputados.
En este sentido, De la Vega dejó entrever que el Ejecutivo no se plantea un adelanto electoral, ni tampoco otras fórmulas de cambio de Gobierno sugeridas por los grupos de la oposición. «No vamos a dejar la tarea a medias», aseveró.
La vicepresidenta se pronunció así al ser preguntada por la petición del PP de que se convoquen elecciones anticipadas, y la de CiU, que desearía una moción de censura con un candidato alternativo pactado entre el PSOE y el PP para acto seguido convocar elecciones.
En concreto, replicó que el Gabinete está centrado en impulsar la recuperación económica y, en concreto, en llevar a cabo un plan de ajuste que es «muy severo», de modo que ahora debe estar «donde corresponde, al frente de la situación y asumiendo la responsabilidad».
