El profesor de la Universidad de Valladolid Rodrigo González Martín será designado como Defensor del Ciudadano en la próxima sesión ordinaria de pleno en el Ayuntamiento de Segovia, en la que se someterá a aprobación la propuesta del equipo de Gobierno para que el docente e investigador segoviano reemplace al doctor José García Velázquez, que dejó este cargo el pasado mes de abril tras siete años al frente de esta institución.
La propuesta fue dada a conocer ayer a los grupos políticos en la reunión de la Comisión Municipal de Participación Ciudadana, en la que los representantes de UPyD y Ciudadanos expresaron su desacuerdo con el mantenimiento de esta institución y defendieron una redistribución de las funciones y tareas que desempeña. Las dos formaciones han anunciado su intención de abstenerse en la votación para la elección del Defensor del Ciudadano.
Así, UPyD valora la figura de González Martín, y asegura que su perfil «cumple con creces el cometido que se le propone, y le avala su larga lucha a favor de los intereses de múltiples colectivos ciudadanos de Segovia».
En una nota de prensa, la formación magenta considera que este puesto «es un cargo duplicado», ya que los grupos municipales «pueden asumir este rol sin necesidad de hacer otra partida económica para este cometido». “Cierto es que el señor González no va a recibir remuneración alguna por su puesto, pero contará con una partida económica para gastos básicos de funcionamiento de 3.240 euros -asegura el grupo municipal de UPyD- y los cinco grupos políticos munciipales ya tienen una aportación económica, un despacho y personal administrativo».
Por otra parte, UPyD evalúa el coste del trabajo del Defensor del Ciudadano basándose en los datos del informe presentado en febrero de este año por el anterior titular de la institución. Así, señala que el número de expedientes resueltos en 2014 es de 15, por lo que «a las arcas públicas le supuso algo más de 200 euros por expediente». «El resto de funciones que desempeña este cargo son citas, entrevistas, recepción de correos electrónicos y llamadas -explica el partido- y estas acciones pueden ser desempeñadas por los técnicos administrativos y las funciones protocolarias y representativas por los concejales».
Ciudadanos asegura en otro comunicado que el Defensor del Ciudadano «debe ser un cargo más relevante, con funciones más claras y que realmente sea eficaz», y propone una modificación del estatuto rector de esta institución para que la persona que ostente el puesto «cumpla una labor social, observando y atendiendo las necesidades de los segovianos de un modo más ágil, dinámico y eficiente», según asegura el partido en una nota de prensa.
