La Agencia Tributaria de Asturias pensó que la sanción que debía pagar la empresa Navicoas (que estaba participada por Caja Segovia), la iba a pagar Bankia, según las conversaciones que mantuvo el inspector Gonzalo Centeno, con sus interlocutores telefónicos y que se identificaban con la nueva sociedad bancaria en la que se integró Caja Segovia con otras seis entidades de ahorro. Así se desprende de las declaraciones que como testigo realizó ayer el representante de la Agencia Tributaria, Gonzalo Centeno, en el Juzgado que instruye el caso del Torreón de Lozoya.
Según su testimonio, la Inspección Tributaria siempre había tenido la sensación de que era Bankia quien iba a pagar la deuda, porque eran sus representantes con quienes hablaban por teléfono el funcionario que llevaba el expediente. Lo que no aclaró el testigo es si realmente la responsabilidad del impago o la obligación tributaria recaía en Caja Segovia o en Bankia. No hubo que buscar derivación de responsabilidad porque se acordó firmar un acta con acuerdo y se rebajó la multa de 30 millones, a 6,8 millones de euros. Sobre las relaciones entre Bankia y Caja Segovia, el testigo dijo que eran de orden ajeno a la Inspección Tributaria.
Por otra parte el funcionario señaló que existe una obligación de derivación de responsabilidad que se impondría en el caso de insolvencia de Navicoas, como ocurrió, ya que se declaró en concurso de acreedores. En ese caso la Agencia Tributaria de Asturias se habría dirigido contra Caja Segovia o cualquier otra entidad que hubiera tenido bienes. Pero, al pagarse la sanción, se evitó la derivación de dicha responsabilidad.
El titular del Juzgado continúa así instruyendo el proceso que mantiene hipotecado el Torreón de Lozoya y otros inmuebles que pertenecen a la Fundación Caja Segovia. Caja Segovia acordó —poco antes de su extinción— pedir a Bankia un préstamo de 6,8 millones de euros para hacer frente a la sanción tributaria que le impuso a Navicoas la Agencia Tributaria de Asturias. Se acordó dicho pago como “mal menor” frente al riesgo de tener que pagar los 30 millones de euros que suponía la propuesta de sanción inicial.
El acuerdo del pago de la sanción quizá habría pasado desapercibido. Pero salió a la luz cuando Bankia tuvo que ser rescatada e intervenida por el Estado, quedando la Fundación Caja Segovia —heredera de la Obra Social de Caja Segovia como única entidad autónoma— sin recursos económicos con los que hacer frente al pago del préstamo. Este acuerdo fue adoptado en un Consejo de Administración de julio de 2012, y EL ADELANTADO DE SEGOVIA sacó a la luz la existencia de dicha hipoteca. Meses más tarde, en diciembre de ese año al publicarse en este diario, un grupo de consejeros presentó una querella en el Juzgado al entender que se les había ocultado información. El juez imputó al equipo directivo de la entidad de ahorro en enero del año siguiente. Casi un año más tarde se extendió la misma calificación al resto de los consejeros, incluidos los denunciantes.
El juez, Jesús Martínez Puras, ha estado tomando declaración en estos meses a más de una docena de consejeros, así como a quienes presidieron la entidad y a quienes la dirigieron en los últimos años. También han sido numerosos los testigos que han tenido que responder a las preguntas del magistrado y de los abogados para tratar de esclarecer la responsabilidad de quién tomó la decisión de que fuera Caja Segovia quien se hizo cargo de la deuda si ya formaba parte de Bankia.
IU: “Caja Segovia no puede ser responsable”
El abogado de IU, única formación política que está personada en el caso tras la retirada de UPyD, explicó ayer ante las puertas del Juzgado que Caja Segovia no podía ser responsable de la deuda de Navicoas. “Un accionista nunca puede ser responsable de la gestión de una sociedad anónima, limitada, o capitalista; y los administradores son los únicos que pueden serlo, porque si hay una actividad punible es por decisión de éstos”, explicó el abogado Alberto López Villa. Además añadió que no está contemplado en el Código Penal que puedan cometer un acto punible personas jurídicas, como Bankia, —y por eso no se imputó a la entidad como se pedía en un principio—. Sin embargo, el letrado de IU estima que las a las personas jurídicas sí puede hacerse responsables de otro tipo de actos penados como el de estafa “cuando hay un engaño o una maquinación, como fue el hacer creer a unos miembros del Consejo Caja Segovia que era mejor para la entidad pagar una deuda, aunque realmente no les correspondiera”.
Por su parte, el coordinador provincial de IU, José Ángel Frías, enlazó este caso con el otro en el que también están personados, con UPyD, que es el de las prejubilaciones del equipo directivo de Caja Segovia, e insistió en que deben devolverlas y pagar las sanciones correspondientes.
