El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y 45 entidades del Tercer Sector han suscrito este martes el `Pacto por las Familias de Castilla y León, ´que incluye un total de 56 medidas.
El acuerdo es fruto de la voluntad de diálogo del Ejecutivo autonómico con el tejido asociativo y la sociedad civil, para apoyar a las familias que más lo necesitan de la Comunidad.
Tras la firma, Fernández Mañueco y Óscar Castro, presidente de EAPN Castilla y León, que habló en nombre de las entidades sociales, afirmaron que este pacto es un paso más y brinda la oportunidad de proteger a las personas más vulnerables y ayudar a familias en situaciones de crisis sobrevenidas.
Este pacto fue uno de los ofrecidos por Alfonso Fernández Mañueco durante su discurso en el pasado debate del estado de la Comunidad celebrado los días 26 y 27 de junio en las Cortes de Castilla y León, junto a otro relativo a Conciliación, por lo que el presidente manifestó que cumple con sus compromisos.
Óscar Castro explicó la oportunidad de este pacto ante el aumento de las desigualdades debido a secuelas de la pandemia, la perdida de poder adquisitivo por el aumento de la inflación, el cambio climático y la dificultad de acceso a la vivienda, lo que subrayó que incide de manera más especial en las personas vulnerables.
“Es un ejemplo de como convertir la necesidad en acción”, resumió el portavoz del Tercer Sector este pacto, después de recordar que el 22,4 por ciento de la población está en riesgo de pobreza en la Comunidad, el 6,4 en pobreza material severa, que se eleva al 16,5 por ciento en el mundo rural, aunque reconoció que el dato es inferior a la media nacional, afirmó que “queda mucho por hacer”.
Fernández Mañueco ha agradecido la importante labor que realizan estas entidades y ha señalado que con este pacto se blindará la protección a las familias vulnerables, y también la de aquellas de clase media que puedan atravesar momentos de dificultad por la inflación, circunstancias laborales u otras causas.
Recursos para una vida digna
Uno de los objetivos de este acuerdo es cubrir las necesidades básicas de toda familia en riesgo de pobreza a través de la inserción sociolaboral. Por ello el acuerdo trabaja en un nuevo modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía para la activación social de las personas, sobre todo en los hogares con menores de edad.
Mañueco ha señalado que se vincularán estas ayudas a la búsqueda de empleo y a garantizar la escolarización de sus hijos. Además, se tramitará una nueva petición al Gobierno de España para que transfiera la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
El pacto recoge tanto el acceso a una vivienda como la garantía de que ésta disponga de las condiciones adecuadas de habitabilidad. Para lograr estos objetivos, en primer lugar, se impulsarán ayudas al alquiler dirigidas a todas las personas cuyos ingresos anuales estén comprendidos entre 0,5 y 3 veces el IPREM —Indicador público de renta de efectos múltiples—, y se otorgarán con un criterio progresivo, para que aquellas familias con rentas más bajas puedan recibir mayor porcentaje de ayudas.
Además, se van a incrementar las plazas para el alojamiento de personas vulnerables, se agilizará el pago del bono social térmico y se facilitará la adaptación de viviendas para las personas de movilidad reducida.
Las actuaciones en materia de vivienda tendrán una perspectiva rural, a través de la promoción y rehabilitación de vivienda pública en los municipios, principalmente destinada a jóvenes, así como mediante la bonificación del alquiler.
Por otro lado, este pacto supone la consolidación de la educación gratuita de 0 a 3 años, así como becas, ayudas y apoyos a estudiantes, la garantía de la gratuidad total de los servicios de comedor, del programa madrugadores y de los libros de texto,y actuaciones contra el absentismo escolar impulsando para ello, el refuerzo educativo.
En materia de empleo, la Junta aumentará los itinerarios de inserción para encontrar un empleo y la coordinación entre los servicios educativos, sociales, de empleo, Tercer Sector y empresas, con el objetivo de mejorar la eficacia de la integración laboral.
Además, se pondrá en marcha un servicio de apoyo a la integración sociolaboral de jóvenes procedentes del Sistema de Protección a la Infancia.
Historia Social Única
La colaboración entre las administraciones públicas y las entidades del Tercer Sector en materia de Servicios Sociales es fundamental para canalizar los recursos y llegar a más capas de población de manera eficiente. En este sentido, la innovación tecnológica es una herramienta fundamental para agilizar todos los procesos que tratan de abordar las situaciones de emergencia social.
Por ello, la Junta de Castilla y León implantará este año la denominada ‘Historia Social Única’, un elemento clave para que el sistema de protección social de Castilla y León sea aún más eficaz. Además, se va a profundizar en una mayor cooperación territorial y en la integración de todos los actores tanto en el diseño como en los programas en el ámbito social.
Junto al presidente de la Junta, estuvieron en la firma la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; las consejeras de Educación, Rocío Lucas, y de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. También, acudieron el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar.
