El Ayuntamiento de la capital solicitará al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Segovia la paralización cautelar de las obras del Palacio de Congresos en la finca de La Faisanera, en Palazuelos. Las obras, promovidas por la Diputación Provincial, con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, arrancaron en el mes de julio y cuentan con un presupuesto de 3,8 millones de euros.
Así lo anunció ayer, en rueda de prensa, la alcaldesa, Clara Luquero, al término de la junta de Gobierno local, órgano que tomó conocimiento de la sentencia judicial que anula el decreto, firmado el 4 de octubre de 2013 por el alcalde de Palazuelos, Jesús Nieto, de concesión de la licencia de obras.
El consistorio solicitará la suspensión de las obras, que ejecuta la UTE Ortiz-Segesa, en caso de que se recurra el fallo judicial, algo que los responsables municipales dan por hecho, y en el convencimiento de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), a quien se elevaría ese recurso, volverá a dar la razón al Ayuntamiento de Segovia. “Como creemos que nos volverán a dar la razón, lo conveniente es pedir la paralización, porque cuanto más se construya será peor”, argumentó Luquero.
Como se recordará, la anulación de la licencia de obras se ha producido por la demanda que presentó en su día el Ayuntamiento de la capital. El juez declara ilegal la licencia al admitir el argumento del consistorio de que la finca no tiene condición de solar al carecer de un viario de acceso público; sin entrar a valorar los otros dos motivos de impugnación presentados por el consistorio de la capital, que considera, además, que se incumplen las normas urbanísticas de Palazuelos en cuanto a los usos y edificabilidad de la parcela.
El entonces alcalde Pedro Arahuetes, tras intentar, sin éxito, realizar una “consulta popular” sobre el Palacio de Congresos en La Faisanera, que abortó el Juzgado, tras el informe desfavorable de la Abogacía del Estado, emprendió, en junio de 2013, una campaña de recogida de firmas para permitir que los ciudadanos pudieran expresar su rechazo a la construcción, con dinero público, de esta infraestructura. Arahuetes y su equipo de Gobierno estaban convencidos de que el Palacio de Congresos en ‘La Faisanera’ era el “parapeto” tras el que subyacía el “problema económico” de la Diputación a través de todas las empresas que gestionan el complejo Segovia 21. La campaña recogió un total de 13.131 rúbricas ciudadanas en contra de la infraestructura proyectada en Palazuelos.
“En coherencia con lo que quieren y reclaman esos 13.131 ciudadanos que firmaron en contra de esta edificación, tenemos que solicitar la paralización de las obras”, dijo ayer Luquero.
La alcaldesa recalcó que la decisión no encerraba una voluntad de buscar conflictos o tensiones entre administraciones.
“Nada más lejos de la voluntad de esta alcaldesa, que además tiene siempre un espíritu conciliador y de buscar el entendimiento, lo digo con letras mayúsculas, pero si que es cierto que la alcaldesa se debe primero a la defensa de los intereses de los ciudadanos de Segovia y no puede olvidar que hay 13.131 personas que no quieren que se construya ese Palacio de Congresos en ese lugar”, aseguró.
Luquero recordó entonces los argumentos que suscitan el rechazo a la infraestructura. El Gobierno municipal cree que, en las actuales circunstancias económicas, hay otras necesidades de inversión “prioritarias” en la ciudad, como la segunda fase del campus público o el centro de salud de Nueva Segovia; y que, en todo caso, “si en algún momento puede hacerse”, el lugar debe ser la capital de la provincia, “que es la que tiene el potencial de atracción turística de todo el territorio”. Además, “como los ciudadanos así lo han entendido y así lo creemos nosotros, es una manera de seguir hacia delante o encubrir un proyecto fracasado, como es Segovia 21” y un intento del PP, según dijo, “de marcarse un tanto político con el sector de la hostelería”.
Luquero imagina, según confesó, que la Diputación, el ayuntamiento de Palazuelos y la sociedad “La Faisanera S.L.”, condenadas en costas al pago de un máximo de 5.000 euros cada una, recurrirán la sentencia e iniciarán un proceso de legalización de la obra. Preguntada por la seguridad manifestada por el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, de que se construirá este Palacio de Congresos y que contará “con todas las bendiciones legales”, Luquero afirmó: “yo no tengo esa seguridad”. “Nosotros tenemos que intentar que no se construya porque eso es lo que quieren la mayoría de los ciudadanos de Segovia”, afirmó.
Chantaje
Luquero también respondió a las declaraciones de Vázquez, el día anterior, que insinuó que el Ayuntamiento debería “corresponder” con el compromiso y apoyo de la Junta en proyectos como la reforma de la estación de autobuses o la cesión de la avenida de la Constitución. “¿Me está preguntando que si me chantajea?”, respondió Luquero a una pregunta de un informador. “¿Cómo entiende usted esas palabras del señor Vázquez?”, insistió el periodista. “Yo no quiero entender nada –respondió Luquero-, no quiero conflictos con otras administraciones pero sí dejar claro que para mi, como alcaldesa, lo primero son las demandas, necesidades e intereses de los ciudadanos de Segovia, defendiendo eso no me voy a doblegar ante nadie”.
Y añadió: “si las administraciones caen en ese estilo mezquino de chantajear será cosa de otros, yo no voy a caer nunca en eso, mi talante siempre es de diálogo y de buscar el entendimiento, pero para buscar un diálogo o entendimiento no voy a dejar atrás los intereses de los segovianos, nunca”.
