Las comunidades autónomas afrontan el problema de acceso a la vivienda construyendo más unidades, enajenando suelo para hacerlo a futuro y facilitando la financiación a los jóvenes, entre otras medidas.
En Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes de las diputaciones provinciales firmaron en octubre un plan con el que pretenden construir 1.000 viviendas para jóvenes en entornos rurales hasta 2030. El anteproyecto de Presupuestos para 2025 contempla la construcción de 1.351 viviendas públicas en las nueve provincias, de las que 997 se destinarán a alquiler social para jóvenes y otras 354 a venta.
“Mientras el gobierno de Sánchez y el PSOE tratan de pervertir la justicia para buscar la impunidad ante los casos de corrupción que les atenazan. En el PP trabajamos juntos en una política que sirve y resuelve problemas reales como la vivienda y la ocupación”, escribe en su cuenta de X el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco.
El dirigente castellanoleonés es uno de los presidentes que participa en la cumbre que celebra su partido en Oviedo, presidida por Alberto Núñez Feijóo, en la que se analizan medidas para dar una solución al problema de la vivienda.
Esta mañana, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, avanzó algunas de esas medidas como la ampliación del aval público para contar con el cien por cien de la hipoteca hasta los 40 años para que los jóvenes puedan adquirir una casa y emanciparse.
También, señaló la liberalización de suelo, la construcción de más viviendas para el alquiler y reformas legislativas, pero también enfrentó las políticas de su partido a la acción de Pedro Sánchez, al que acusó de estar centrado en “los casos de corrupción en su Gobierno, en su partido y en su entorno familiar que le acorralan”.
Mientras tanto, en Andalucía, el ‘popular’ Juanma Moreno anunció en el mes de diciembre que aprobará un decreto ley con medidas urgentes para construir 20.000 nuevas viviendas protegidas. Su consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, indicó que desde 2019 han impulsado la construcción de 6.700 viviendas en alquiler a precio asequible y han desarrollado suelos mediante la colaboración público-privada para otras 17.500.
Aragón comparte con Andalucía que ambas comunidades terminarán el año con una nueva Ley de Vivienda. En la región presidida por Jorge Azcón, este proyecto de ley se encuentra, desde el pasado 27 de diciembre, en fase de ser aprobado por las Cortes. En dicho texto se recogen puntos como que las viviendas protegidas de Aragón tendrán una protección mínima de 15 años y que las de titularidad pública no podrán ser enajenadas en ningún momento de su vida útil. También garantiza que aquellos que viven en una de estas viviendas nunca destinarán más del 30% de sus ingresos a pagarlas.
En Baleares, el Instituto Balear de la Vivienda anunció que destinará 60 millones a incrementar el parque público de vivienda y el consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, aseguró que se licitarán 600 viviendas públicas en nuevas promociones. Igualmente, se invertirán 14 millones en el programa ‘Lloguer segur’, para la captación de viviendas vacías o sin uso residencial que se alquilarán a un precio un 30% inferior al de mercado. En paralelo, continuará el programa ‘Garantía Hipoteca Ibavi’ de ayuda para el acceso a una hipoteca para la compra de la vivienda habitual.
En octubre del año pasado, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, inauguró en Reinosa una promoción de 19 viviendas públicas, que forman parte de las 245 que prometió construir a lo largo de esta legislatura. También en octubre, Buruaga pactó con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) una prórroga de nueve meses -hasta junio de este año- para presentar ante el Parlamento el proyecto de Ley de Vivienda.
Zonas tensionadas
La Comunidad de Madrid anunció en diciembre que entregará cerca de 3.000 nuevas viviendas de alquiler a precio asequible del ‘Plan Vive’ en este primer semestre y durante los primeros tres meses del año va a licitar los primeros 2.000 inmuebles destinados a jóvenes de hasta 35 años. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aumentó el año pasado los fondos del plan ‘Mi Primera Vivienda’, cuyo fin es ayudar a los más jóvenes a adquirir su primera vivienda, y amplió el límite de edad hasta los 40 años.
En la Comunidad Valenciana, el también llamado ‘Plan Vive’ tiene como objetivo construir 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027 mediante la movilización de suelo público disponible y la colaboración público-privada. Esto se ha culminado en acuerdos como el firmado esta semana entre la consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y la constructora Culmia para levantar 227 viviendas protegidas.
En Extremadura, los Presupuestos para 2025 reflejan partidas para construir viviendas de promoción pública para alquiler social para familias en situación de vulnerabilidad habitacional, también viviendas para el resto de ciudadanos y para rehabilitación.
En Murcia, UGT presentó el pasado mes de octubre una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se estimulase la construcción de vivienda pública, ya que solo el 0,39% del total de viviendas construidas son de titularidad pública. El Gobierno regional ha anunciado ayudas para la compra de vivienda protegida de nueva construcción, un inventario de suelos públicos municipales disponibles para este tipo de vivienda y tiene disponible el Aval Joven de la Región de Murcia para avalar el 20% del importe de la hipoteca.
En Galicia, el Gobierno de Alfonso Rueda manifestó en noviembre que su objetivo es duplicar el parque público de vivienda hasta llegar a las 8.000 y facilitar suelo para construir 25.000 nuevas viviendas, 20.000 de ellas protegidas y 5.000 libres.
