La Federación de Autónomos de Castilla y León considera necesario aumentar los controles e inspecciones ante el incremento del fraude fiscal que en la región, según los datos del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), se eleva al 25% del PIB.
Por estos motivos, desde Feacyl valoran el anteproyecto de Ley de Modificación de la Normativa Tributaria y Presupuestaria y de Adecuación de la Normativa Financiera para la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha contra el Fraude, expuesto a información pública y que incluye una batería de modificaciones normativas sobre la Ley General Tributaria y sobre diversos Tributos, el Impuesto de Sociedades, el IVA, y el IRPF.
El presidente de Feacyl , Javier Cepedano, destaca que, según Gestha, se evidencia que en Castilla y León la economía sumergida en los últimos diez años se «ha incrementado preocupantemente», 5,4 puntos porcentuales, situándose el último dato disponible de economía sumergida en el 25%. Por eso considera la medida, «no sólo acertada, sino como muy necesaria, más si se tiene en cuenta, a partir del recorte en la inversión que el actual Gobierno está haciendo, que la rebaja en diez puntos de este porcentaje de economía sumergida supondría para Castilla y León un incremento en más de dos millones en la recaudación».
La lucha contra el fraude y la evasión de impuestos, para el presidente de Feacyl, ha de entenderse «como un elemento principal con el que garantizar la justicia y la equidad del sistema tributario», con el que por otra parte, destaca Cepedano, se contribuye al sostenimiento de los gastos públicos. Así y según el ‘Informe de economía sumergida’, en Castilla y León la recaudación tributaria adicional, si se redujera la economía sumergida en diez puntos del PIB, sería de 1,36 millones, y la adicional de cuotas sociales para el mismo supuesto ascendería a 694.119 euros.
Por provincias, en Segovia el fraude se eleva al 30,3% de su PIB, según el citado estudio, mientras que en León asciende al 28,5%, y en Zamora, al 26, porcentualmente, las provincias con mayor fraude fiscal y laboral. En Ávila el dato es del 19,8% y en Palencia, del 20,7. Son las que registran cifras menores. Mientras, en Burgos se sitúa en el 21,3%; en Salamanca, al 23,4; en Soria, al 23,9 y en Valladolid, al 24 por ciento.
Por estos motivos, desde Feacyl se considera «muy acertada esta iniciativa que intenta luchar contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos, si bien quiere dejar constancia y recordar al Gobierno que ha de tener en consideración y sopesar antes de añadir cargas impositivas y aumentar la presión fiscal que éstas no supongan una mayor carga a la gestión económica y administrativa de la empresa».
Finalmente, consideran que para luchar contra el fraude fiscal es necesario incrementar la vigilancia y el control, así como una simplificación en la tramitación y dar una mayor agilidad en la gestión de cobros y pagos. También entienden conveniente, como han hecho llegar a través de CEAT al Ministerio de Hacienda, una redacción simplificada y compilada de la normativa tributaria que afecta a los autónomos.
