El Congreso celebra hoy por primera vez el día de homenaje a las Víctimas del Terrorismo. La fecha coincide con el 50 aniversario del que se considera el primer asesinato de ETA: la muerte de la niña Begoña Urroz, fallecida en la estación donostiarra de Amara el 27 de junio de 1960.
En medio siglo de actividad criminal, la banda ha matado a 858 personas, su última víctima, el policía francés Jean-Serge Nerin, muerto en un tiroteo con miembros del grupo pistolero el 16 de marzo pasado.
Entre medias, los radicales han acabado con la vida de militares, guardias civiles, policías, políticos, jueces y centenares de personas de a pie, en una espiral que, 50 años después y en plena democracia, todavía continúa.
Lo que sí ha cambiado y mucho, es el reconocimiento social y político que reciben las víctimas, la «referencia ética» en la lucha contra el terrorismo. «Antes los afectados eran molestos, tenían que estar casi avergonzándose y escondidas», lamenta la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, que recuerda la dureza de los «años de plomo», con atentados mortales prácticamente todas las semanas.
El año 1980 fue especialmente sangriento, con 98 asesinatos, escalada terrorista que se mantuvo con altibajos durante la siguiente década hasta 1991, en el que ETA segó la vida de 45 personas.
Desde entonces, las estadísticas del terror presentan una línea descendente, con tres años en blanco -1999, 2004 y 2005-, seguidos de una época muy dura para la banda, con detenciones sucesivas y una actividad en declive, aunque con capacidad para causar «mucho dolor» , como no se cansa de repetir el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Marcos García Rey, coautor junto a Florencio Domínguez y Rogelio Alonso del libro Vidas Rotas, asegura que no existe un perfil de víctima, ya que los pistoleros, a lo largo de su cruenta historia, han asesinado a personas de toda edad y condición.
«En la medida en que ETA comenzó en los años 80 a cometer atentados indiscriminados, el patrón de la víctima es bastante heterogéneo», destaca García Rey, que recuerda que con los atentados con coche-bomba «cualquier persona puede caer».
Buena prueba de que todos los ciudadanos son objetivos potenciales de la banda es que un 42,1 por ciento de los asesinados -361 personas- eran civiles.
Según las estadísticas recogidas en Vidas Rotas, el segundo colectivo más golpeado por ETA es el de guardias civiles, con 209 muertos -23 por ciento del total-, seguido de la Policía Nacional, con 149 y los miembros de las Fuerzas Armadas, con 82 fallecidos.
El grupo terrorista tampoco ha dudado en colocar coches-bomba en cuarteles repletos de niños o en lugares transitados provocando la muerte de civiles que simplemente pasaban por allí.
Eso ocurrió en el atentado de Hipercor de 1987 -21 muertos- y en el de la casa-cuartel de Vic, con nueve fallecidos, en 1991.
No en vano, 21 de los casi 900 asesinados eran menores, como lo era la primera asesinada, Begoña Urroz, un bebé de 22 meses que murió abrasado tras la explosión de una bomba en San Sebastián.
Precisamente, la futura ley integral de víctimas del terrorismo, pactada esta semana por todos los grupos parlamentarios, fija 1960 como el arranque para el cobro de indemnizaciones por atentados, que tendrá efectos retroactivos.
«Es muy importante que se reconozca lo que han sufrido», subraya la presidenta de la AVT, que se felicita de los «pasos de gigante» que se han dado en los últimos años en el reconocimiento moral de las víctimas del terrorismo.
Pese a estos avances, la Fundación de Víctimas del Terrorismo calcula que aún hay cerca de 400 asesinatos que no han sido juzgados, de los que más de un centenar ya han prescrito.
