La reforma laboral del Gobierno del PP cumple hoy su primer año de vigencia entre las alabanzas del Gobierno y los empresarios y las críticas de sindicatos y oposición.
El 10 de febrero de 2012, sin el acuerdo de los agentes sociales, el Ejecutivo aprobaba el texto en Consejo de Ministros, con el propósito fundamental de frenar la destrucción de trabajo y ofrecer a las compañías más instrumentos para evitar así los despidos.
En el aniversario de su puesta en marcha, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, criticó la ley y aseguró que «un año después, se puede ver que no se han cumplido ninguno de los objetivos que se recogían en su exposición de motivos». Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, coincidió hace días, al afirmar que la normativa laboral «ha fracasado», a lo que añadió que «ni funciona ni va a funcionar», porque lo que realmente genera empleo es el crecimiento económico.
En términos de paro inscrito (antiguo Inem), en el último año el desempleo se ha incrementado en más de 380.000 personas (+8,3%), hasta situar el total de desempleados en 4,98 millones, récord del registro. En este tiempo, la Seguridad Social ha perdido casi 779.000 afiliados (-4,6%), lo que ha situado el total de ocupados (16,1 millones) en niveles de hace una década. Aunque no coincide exactamente con el período de vigencia de la reforma, que no entró en vigor hasta mediados de febrero, la Encuesta de Población Activa (EPA), que también sirve para medir el paro, y de hecho es la que vale a efectos de la UE, refleja que España cerró 2012 al borde de los seis millones de parados, tras sumar casi 700.000 desempleados en el año, con una tasa de desocupación del 26%.
La EPA, de cuya elaboración se encarga el Instituto Nacional de Estadística (INE), constata además que en 2012 se destruyeron 850.500 empleos, el segundo peor dato anual desde que estalló la crisis. Las familias con todos sus miembros en paro subieron un 16% en 2012 y la tasa de paro juvenil escaló hasta el 55%.
Por otra parte, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) aumentó un 45,8% en los 11 primeros meses de 2012, hasta alcanzar los 406.810 trabajadores. Hasta el mes de noviembre -último dato publicado-, los ERE se incrementaron un 66,2% en comparación con el mismo período de 2011, hasta sumar 29.958.
La visión del Gobierno sobre la ley difiere totalmente de la de los sindicatos. Así, el Ejecutivo está convencido de que la reforma ha servido para frenar la destrucción de empleo y apoya estas afirmaciones en el menor ritmo interanual de crecimiento del paro (del crecimiento del 13% registrado en mayo se ha pasado a un 8% en enero) y en el repunte de los ERE de suspensión temporal de empleo (+59,1% hasta noviembre) y de reducción de jornada (se han multiplicado por más de dos).
A tenor de las cifras de paro, especialmente entre los jóvenes, el Gobierno abrió en noviembre negociaciones con los agentes sociales para pactar lo que bautizó como Estrategia de Empleo Joven y Emprendimiento, un plan que contempla un centenar de medidas y que incentivará la contratación de jóvenes y el autoempleo. Desde Bruselas y Berlín han mostrado su preocupación por el alto volumen de desempleo juvenil en España.
Mientras el Ejecutivo y los agentes sociales dan los últimos toques a dicha estrategia, la reforma laboral sopla las velas también entre críticas de la oposición, especialmente de PSOE e IU, que la consideran un «ataque» contra los derechos de los trabajadores.
En la CEOE, la valoración es mucho más positiva, aunque en este caso los empresarios piensan que la ley se ha quedado corta. Así, entienden que se debe seguir avanzando en las medidas de flexibilidad que posibiliten la creación de trabajo cuando se produzca la recuperación económica.
