Las palabras de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sobre la necesidad de regular el derecho de manifestación, a raíz de los últimos sucesos ocurridos en la capital, siguen generando debate en la sociedad española. Incluso el Gobierno tuvo que desmentir ayer que esa posibilidad se estuviera contemplando. Sin embargo, horas antes, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, apoyaba la línea de la dirigente madrileña, al asegurar que regular las movilizaciones es «perfectamente legítimo en términos constitucionales».
Desde el Ministerio de Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, fuentes gubernamentales negaron que se vaya a cambiar la normativa vigente en cuanto a las concentraciones masivas. No obstante, el Ejecutivo considera que sí es necesario endurecer la respuesta legal contra aquellos que comentan actos vandálicos durante los actos de protesta.
Además, desde el Gobierno se comprende la problemática que supone la coincidencia de movilizaciones en la capital, pero recuerdan que, en algunos casos, cuando la Delegación del Gobierno no ha autorizado algunos actos, su decisión ha sido recurrida al Tribunal de Justicia de Madrid, órgano que, finalmente, las ha permitido.
Mientras, Torres-Dulce subrayó que «ningún derecho puede comportar una patente de corso y puede ser objeto de una consideración que no sea delimitación», en una alusión clara a los incidentes violentos ocurridos el pasado 25 de septiembre tras las manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados.
El representante del Ministerio Público insistió en que la Constitución recoge derechos fundamentales que son esenciales para la «recta» convivencia democrática. No obstante, insistió en que las normas pueden ser objeto de «limitaciones y restricciones».
También el nuevo presidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González, se mostró partidario de algún tipo de control sobre las movilizaciones «No se restringe el derecho a manifestarse», subrayó el popular, sino que «se trata de ordenar el ejercicio de ese derecho». Además, recordó las cifras esgrimidas por Cifuentes sobre que, en menos de un año, en la capital se han celebrado más de 2.000 manifestaciones.
La oposición aprovechó el posible cambio en la legislación, negado por el Gobierno, para criticar la mera aspiración de cercenar cualquier tipo de movilización. Así, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió de que los socialistas no van a «tolerar más recortes de derechos».
Más duro fue el diputado de Izquierda Unida (IU) y portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, que acusó al Ejecutivo de emprender una «carrera alocada y siniestra» con el objetivo de «intentar acallar el malestar social».
