No pasaron muchas centurias desde que describí el cómo, cuándo y de qué forma había sucedido la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús en España y en Segovia. Aquello fue en 1767 mandando y reinando Carlos III ‘El Político’. El mismo que dictó una Pragmática para sentenciar: ‘en fuerza de ley para el extrañamiento de estos reinos de los regulares de la Compañía… con prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno’. Cómo sería de rápida la ‘cosa’ que el Rey, que actuó con nocturnidad y sin contar con el permiso de Clemente XIII, tuvo la ‘deferencia’ de comunicarle su real decisión después de ejecutarla. Claro que tampoco el Papa estaba ‘a partir un piñón’ con los Jesuitas. Concretando, se juntaron en el mismo tiempo y a la misma hora el hambre y las ganas de comer.
La restauración de la Compañía se produjo pasados 200 años, regresando a España en 1815, después de que Pío VII la restaurara, cuando ya reinaba Fernando VII. Si bien antes, ya con Carlos IV, éste permitió la realización de actividades a aquellos Jesuitas que se hicieron el ‘remolón’ cuando la expulsión y se habían quedado ‘escondidos’ en España. A ellos se les permitió volver a la enseñanza. Con la Revolución de 1868 se les ‘propuso’, otra vez, carretera y manta. Se marcharon. Regresaron dos años después.
Puede, eso lo dirá el lector, que el preámbulo haya sido en exceso largo, ya que donde yo quería incidir es en lo que sucedió en centuria más cercana y aquí, en Segovia. Año 1932. Era presidente de la II República Manuel Azaña –once de la noche del 23 de enero- quien ordenó la disolución ‘en territorio español, de la Compañía de Jesús’, a cuyos miembros les daba un plazo de diez días ‘para abandonar la vida religiosa en común y someterse a la legislación’. Uno días antes, 13-X-1931, el Sr. Presidente había declarado: ‘España ha dejado de ser católica’.
El número de Jesuitas en la piel de toro in illo témpore era de 3.622, a los que se les clausuraron 80 casas y cerraron todos sus centros educativos y obras sociales.
¿Y en Segovia? Pues… Fue el día 3 de febrero del último referido año cuando, a las cinco de la tarde, se presentaron en la Casa que la Compañía tenía en la Plaza de Colmenares los representantes del gobernador civil para incautarse de la Casa. Fue el Padre Simón Zumárraga, Superior de la Compañía, quien, después de cuatro horas de recorrido por las habitaciones y demás dependencias, hizo entrega de las llaves al representante (inspector de Policía Sr. Palomares) de la máxima autoridad civil en la provincia, el gobernador Segundo de Andrés.
El padre Zumárraga pidió que le permitieran escribir en el acta que recogía todos los enseres incautados, las siguientes palabras: ‘dejo constancia que todos los individuos de la Compañía se han comportado como verdaderos patriotas, respetando las leyes de la Nación Española’.
También hubo de abandonar la Compañía la iglesia de San Sebastián que siendo propiedad de la diócesis, mantenía en usufructo desde que en 1915 por decisión en su favor del obispo Gandásegui (Remigio Gandásegui Gorrochategui). En este concreto caso la llave de la iglesia se entregó al representante del obispo, entonces el navarro Luciano Pérez Platero, el vicario general Aurelio del Pino, a quien acompañaba el notario mayor de la diócesis Pedro Zúñiga. Su entrega estuvo verificada por el citado Superior.
Con anterioridad se había celebrado en la iglesia un acto religioso de despedida, de la que había sido su centro espiritual durante más de quince años. Después, el templo permaneció cerrado hasta la década de los cincuenta del siglo XX, cuando, con la creación del grupo en Segovia de las Hermandades del Trabajo de España, el templo inició una nueva etapa de acogida, con más de medio siglo de existencia en una labor extraordinaria (1).
La Vera Cruz
Mes de febrero de 1919. El obispo Gandásegui de dirige a la Real Academia de la Historia solicitando informe sobre la conveniencia de declarar Monumento Nacional a la iglesia de la Vera Cruz, y que ‘la Academia eleve la petición al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes’. Era presidente de la referida Academia el Conde de Cedillo, Jerónimo López de Ayala y Álvarez de Toledo y del Hierro. La Entidad designó para informar de la solicitud al académico Juan Pérez de Guzmán y Gallo.
Con fecha 4 de junio del referido año por Real Orden fue declarada la iglesia Monumento Nacional. Llevaba la firma del Conde de Romanones (Álvaro de Figueroa y Torres), en el gobierno de Alfonso XIII.
Fue también en ese año cuando se abrió de nuevo al culto. Mirando hacia atrás, en el tiempo que había estado ‘cerrada’ ejerció de pajar y resguardo de ovejas, entre otras ‘actividades’. Quizá algún lector recuerde que la referida había sido desamortizada en 1836 y que el Estado no supo qué hacer con ella. En 1844 se ‘puso’ bajo la dependencia de la Comisión Central de Monumentos y del Ayuntamiento de la ciudad.
Con la intervención del Marqués de Lozoya ante el Ministerio de Educación y Ciencia, año 1950, la Vera Cruz le fue devuelta a la Orden de Malta, tomando posesión de ella en 1951. Antes, en 1946, se llevó a efecto una importante restauración a cargo del arquitecto Cabello Dorero. Se actuó sobre cubiertas, bóvedas y solados, así como en la consolidación de la torre. La fecha, probable, de fundación del edificio es del año 1208.
Por ir cerrando, que la ‘hora’ se echó encima, les describo que bajo el pavimento de la capilla de la referida Vera Cruz, hay dieciséis tumbas, laudes funerarios, de vecinos de Zamarramala del siglo XVII.
_______________
(1) Publicado en El Adelantado. Año 1932.
