El juez Fernando Grande-Marlaska tomó ayer posesión como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en sustitución de Javier Gómez Bermúdez, donde mostró su confianza «en que estemos ante el final de ETA», al tiempo que recordó con cariño a las víctimas del terrorismo al asegurar que uno de sus objetivos es «la potenciación de la Oficina de Víctimas». «El papel de la justicia para aliviar su dolor es un derecho innegable de las víctimas y del conjunto de la sociedad, como única forma de restablecer los derechos violentados», explicó ante representantes de las víctimas como Ángeles Pedraza (AVT), Cristina Cuesta (Covite) o Mari Mar Blanco.
También hizo hincapié en que la Audiencia Nacional sigue teniendo pendientes «plurales causas que deben enjuiciarse» contra miembros de la banda terrorista y otras muchas que todavía «deben ser investigadas, tratando de evitar prescripciones».
Al acto asistió la práctica totalidad de la cúpula judicial con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, a la cabeza; el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; así como magistrados del alto tribunal y vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Asimismo, estuvieron presentes la mandataria de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa; el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó; y la defensora del Pueblo, María Luisa Cava.
Durante su discurso, el nuevo presidente de la Sala de lo Penal también destacó la obligación de potenciar la Oficina Judicial, y la digitalización de los procedimientos y la necesidad de «articular los mecanismos precisos para ordenar y garantizar el trámite de ejecución», ya que, según explicó, la sentencia «carece de eficacia si no se ejecuta en tiempo y forma».
Marlaska, que estuvo apadrinado por el fiscal Jesús Alonso y la secretaria judicial de su juzgado, María Mariscal de Gante, finalizó su discurso visiblemente emocionado y dando las gracias a su madre, a su esposo, Gorka, y a sus amigos y familiares, «con los que el destino» le ha «beneficiado».
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, aprovechó su intervención para defender que los jueces y fiscales «necesitan una protección adecuada al contexto», porque «no solo luchan contra el terrorismo».
«Es una protección que tiene que producirse como consecuencia de las materias que ven y que van a seguir viendo, hasta que podamos decir que el terrorismo ha terminado definitivamente», señaló el dirigente en referencia al plan de recorte de escoltas para cargos públicos que prepara el Ministerio del Interior.
Dívar destacó que los profesionales de la justicia investigan diariamente a «las mafia, la delincuencia organizada y las estructuras económicas. Tras recordar que uno de los jueces que indagaba sobre la mafia siciliana fue asesinado después de reunirse con él cuando era magistrado de la Audiencia Nacional , apeló al «sacrificio, la protección y la justicia» y recordó que este tribunal seguirá siendo «la casa de las víctimas».
