El ya exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también exconseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, quedó en libertad provisional tras pasar a disposición judicial al ser detenido en una causa abierta por presuntos favores a una empresa, Avialsa, a la que se adjudicaron contratos para la extinción de incendios cuando era conseller de Gobernación y con cuyo presidente coincidió en cacerías.
Tras ser arrestado a primera hora de la mañana de ayer en una operación coordinada por Fiscalía Anticorrupción, Castellano pasó a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, cuya juez le dejó en libertad provisional, le retiró el pasaporte y le prohibió salir del país, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Castellano deberá estar a disposición de la autoridad judicial para acudir tantas veces como sea llamado y la causa sigue secreta, indicaron las mismas fuentes.
La detención se produjo en el marco de la operación relacionada con la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa —empresa adjudicataria de dichos contratos— en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano —quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV— a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.
Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito.
En concreto, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.
En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció tras el Consejo de Ministros la destitución de Serafín Castillo como delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana tras conocerse su detención en Valencia.
La ‘número dos’ del Ejecutivo anunció que se tomó esta decisión “tras las informaciones conocidas de que se halla incurso en una investigación judicial”. El sustituto deberá superar un informe de idoneidad para el puesto y será nombrado cuando éste se halle completamente concluido.
Sáenz de Santamaría refirió que este requisito es obligatorio tras la entrada en vigor de la última ley del alto cargo aprobada.
