El presidente de CEOE, Juan Rosell, afirmó ayer que la reforma de las administraciones públicas podría ser “más fácil” con la actual “aritmética” política, ya que la falta de mayorías parlamentarias “hace que todo el mundo sea más responsable”, e indicó que en el Estado “no ha habido la reducción de empleo que tenía que haber habido y que podría haber sido mayor”, tras el traspaso de competencias a las CCAA. En rueda de prensa de presentación del informe ‘El traspaso de competencias en el sector público’, realizado por el Servicio de Estudios del Departamento de Asuntos Económicos y Europeos de la patronal, Rosell afirmó que “sería bueno” que hubiese “cuantos más funcionarios, mejor que empleados públicos”.
El Estado contaba en julio de 2015 con 531.324 empleados, que suponen el 20,9% del total de las administraciones. A su vez, las administraciones locales suponen el 22,7% del empleo público total, aunque el mayor porcentaje es el de las comunidades autónomas (50,5%), pero con la Sanidad y Educación transferidas.
En concreto, el estudio apunta que tras el inicio del proceso de transferencias a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, el número de ocupados en la Administración Estatal y la Seguridad Social era de unas 800.000 personas, mientras que en las comunidades autónomas la cifra era la mitad. Ahora, el empleo en las comunidades se ha multiplicado por más de cuatro, superando los 1,6 millones de trabajadores públicos.
Así, el número de trabajadores en la Administraciones Estatal y en la autonómica se ha incrementado en más de un millón de personas desde 1987, especialmente hasta el año 2011, aunque Rosell recordó que la población también ha aumentado en los últimos años. En cualquier caso, abogó por acometer la reforma de las administraciones “salga quien salga”, y deseó “que salga bien”, a pesar de que “sabemos que los recursos no son infinitos y no se pueden hacer muchos inventos”, si bien el actual contexto político de ausencia de mayorías parlamentarias “hace que todo el mundo sea más responsable y vea qué es lo que hay que hacer con un planteamiento y perspectiva de 10, 15 o 20 años”.
A su juicio, hay “buena voluntad” para reformar las administraciones, pero “muchas veces queda paralizado por las propias dificultades que se ponen internamente en las administraciones”, y citó, como “cosas a empezar de nuevo”, a la formación profesional y el INEM. En concreto, sobre la formación profesional aseveró que “no ha funcionado” y que los resultados de los últimos años “son cero”, por lo que apostó por partir “de cero”, destacando que las empresas “son las que saben, las que están pagando y tienen que decidir”. De igual forma, sobre el INEM también advirtió de que “no funciona”, por lo que pidió hacer una “reflexión” análoga a la que realizan otros países y ver qué planteamientos se pueden hacer.
No obstante, destacó que hay otros organismos, como Hacienda, que tienen una buena informática.
