El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que Instituciones Penitenciarias decidirá hoy si concede el tercer grado penitenciario al etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga, uno de los secuestradores del funcionario burgalés José Antonio Ortega Lara.
El popular aclaró que si se considera que es de aplicación el artículo correspondiente del Reglamento Penitenciario, «se le aplicará a los únicos efectos de un expediente de libertad condicional por enfermedad grave».
El artículo al que se refirió el ministro es el 104 en base al cual se podría aprobar el paso previo a la excarcelación de un preso por razones humanitarias ante una grave enfermedad. Según el parte médico del hospital en el que está ingresado, la situación del etarra es «terminal e irreversible». Una vez que la Secretaría General de Prisiones decida sobre el asunto, el expediente sería remitido a la Audiencia Nacional, donde ayer por la mañana ya lo reclamó el juez.
El titular de Interior quiso precisar también que la decisión que tome no estará influida por las huelgas de hambre, sino que el Gobierno actuará conforme a la Ley. «La decisión de no comer ni nos ha afectado, ni nos va a afectar», apostilló.
También criticó que «ni la izquierda abertzale, ni ETA, ni Bolinaga han tenido la mínima compasión en estos momentos hacia la persona de José Antonio Ortega Lara que durante 532 días estuvo enterrado en vida».
Por su parte, el juez de la Audiencia Santiago Pedraz solicitó al departamento que dirige Ángel Yuste que «procediera a estudiar la posible aplicación» del tercer grado al etarra, lo que supondría el paso previo indispensable para su puesta en libertad condicional. En una providencia dictada ayer en atención a los escritos presentados por la defensa del terrorista, que se encuentra sin probar alimentos desde hace nueve días para ser atendido de un cáncer, que las fuentes sanitarias ya han calificado «en fase terminal, ya que tiene metástasis en el cerebro después de que Uribetxebarria padeciera un tumor de riñón desde 2005».
Este precepto, referido a «casos especiales», especifica que «los penados con enfermedades muy graves y con padecimientos incurables, según el informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad», según se detalla en el informe forense.
El fiscal también pidió al centro penitenciario de Zaballa (Álava), en el que debía estar recluido el etarra antes de su traslado al hospital Donostia de San Sebastián, que informen del «tratamiento que el condenado está recibiendo en la actualidad, así como de la capacidad del sistema penitenciario para tratar adecuadamente este tipo de dolencias».
Ante estas circunstancias, el secuestrador de Ortega Lara será excarcelado si, a pesar de la terapia que recibe, su riesgo de muerte supera el 10 por ciento en el plazo de cinco años, según consta en una circular elaborada en el año 2000. El último parte médico determina que «en las condiciones en las que se encuentra» el etarra, «más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por ciento». Dicho de otro modo, tiene un 90 por ciento de probabilidad de fallecer antes de un año.
