Durante el mes de mayo, la Guardia Civil recibió la denuncia de una hombre que tras solicitar un préstamo hipotecario, recibió una notificación por parte de la entidad bancaria donde se le denegaba dicho préstamo debido a que se encontraba en un listado de morosos. El perjudicado sin embargo, afirmaba que no había contraído ninguna deuda hasta ese momento, por lo que era imposible que formase parte de esa lista.
Más tarde, una tienda de telefonía móvil le informó también de que existían varias facturas sin abonar a su nombre, correspondientes con líneas de telefonía móvil y fija. Esta última correspondía a un domicilio de la localidad de San Martín y Mudrián. El afectado no había vivido nunca en ese municipio.
Tras interponer una denuncia por estos hechos, la Guardia Civil del puesto de Navalmanzano inició una investigación, realizando gestiones con diferentes compañías de telefonía, y averiguó que el alta de estas líneas se realizó en el año 2021 y se utilizó un número de teléfono de prepago, el cual por supuesto, no reconocía el perjudicado.
Los agentes averiguaron después que esa línea telefónica pertenecía a una empresa hortofrutícola de la localidad de Navalmanzano, y que ese teléfono fue entregado a un antiguo trabajador y que a su vez estaba siendo utilizado por su hijo. Esta familia residía en San Martín y Mudrián en el periodo durante en el que se produjeron los hechos delictivos, justamente en el domicilio relacionado con la línea de telefonía fija.
Todo esto llevó a la Guardia Civil hasta el acusado, un joven de 30 años de nacionalidad extranjera que había contratado varias líneas de telefonía suplantando la identidad de la persona afectada. El hombre ha sido detenido durante este mes de octubre y puesto a disposición de la Autoridad judicial de Cuéllar.
Las estafas telefónicas son una de las modalidades más habituales junto con las informáticas, en esta tipología delictiva. Las formas de conseguir datos de las víctimas son cada vez más sofisticadas y aunque ningún grupo de población está realmente a salvo, los delincuentes buscan objetivos entre los colectivos más vulnerables, como personas con discapacidad o de edad avanzada, especialmente aquellos que no están familiarizados con trámites telemáticos. De hecho, se les ha catalogado de ‘víctimas ideales’ de este delito. Entre los fraudes más frecuentemente cometidos sobre ancianos, se encuentran las estafas hereditarias o sucesorias, las estafas de suministros, las de publicidad engañosa y las inmobiliarias.
Estafas más comunes
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, durante 2023 fueron víctima de estafa 139 personas mayores de 65 años en la provincia de Segovia. Se trata de la segunda causa de denuncias más numerosa en esta franja de edad después de los delitos sobre el patrimonio, que durante el año pasado se cobró 315 víctimas. Estos últimos están en muchos casos relacionados también con el delito de estafa, ya que son comunes las situaciones en que personas cercanas aprovechan la vulnerabilidad del mayor para someterlo a abuso económico mediante chantaje emocional, falsificación de firma o abusos diversos.
En la legislación española, este tipo de delitos se recogen entre otros en el artículo 22.6 del Código Penal, que se fundamenta en el abuso de confianza debido a la existencia de una especial relación entre la persona infractora y la víctima (cuidadores, familiares, servicio doméstico…). Este artículo busca proteger a las personas que pueden ser vulnerables en situaciones de desigualdad, y subraya la importancia de la confianza en las relaciones interpersonales.
En el caso de los trabajadores que se encargan de asistir a mayores dependientes, las Fuerzas de Seguridad del Estado aconsejan que “se acuda a entidades legalmente establecidas, como Cruz Roja, ayuntamientos u ONG para que garanticen a la persona contratada”.
El delito de estafa se regula en el artículo 248 ss. del Código Penal. En su apartado 1, se regula la conocida como estafa clásica o tradicional que consiste en utilizar el engaño para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno; conducta que debe llevarse a cabo con ánimo de lucro. Uno de los momentos en que las personas mayores pueden ser más vulnerables a este tipo de estafas, es en el momento en que acuden al banco para recibir su pensión. En estas circunstancias se llevan a cabo timos como el de ‘La mancha’ consistente en intentar limpiar una falsa mancha a la víctima para extraer su dinero del bolsillo o la ‘Siembra’ donde el delincuente tira un objeto a los pies de la víctima para llamar su atención y extraer el dinero sin que se dé cuenta. En el ámbito doméstico, se recomienda tener cuidado con falsos antenistas que tratan de cobrar una factura por un trabajo que no se ha realizado (habiendo previamente movido a propósito la antena del domicilio para justificar su presencia), cobradores o inspectores del gas o falsos vendedores ambulantes, que pueden aparecer en circunstancias similares.
Por otro lado, timos clásicos como el de ‘La Estampita’ o el ‘Tocomocho’ todavía se siguen aplicando con cierto éxito a pesar de que debido a su antigüedad son bastante reconocibles. No obstante, el ingenio de los delincuentes lleva a camuflarlos de tal forma que sigue siendo difícil detectarlos. El pasado 23 de octubre, la Policía Nacional detuvo en Valladolid a dos personas por estafar 12.000 euros a través de este método a una persona mayor. La víctima, que pensaba estar ayudando a una persona necesitada, había acompañado a los estafadores a diferentes oficinas bancarias de la ciudad y extrayendo en las mismas varias cantidades de su cuenta bancaria. La policía, alertada por el extraño comportamiento, les siguió hasta que pudo interceptar y detener a los delincuentes, descubriendo así que eran hermanos y que formaban parte de un clan familiar especializado en este timo.
Penas por estafa
Según se especifica en el artículo 238 del Código Penal, los delitos de estafa suponen multas de uno a tres meses si la cuantía obtenida no supera los 400 euros. En caso de que el dinero sustraído supere esta cantidad, la severidad del castigo tendrá en cuenta agravantes como el quebranto económico al perjudicado, la relación existente con la persona que comete el delito (como en el caso de los abusos de confianza) y los medios que se empleen para llevar a cabo la actuación delictiva.
Con un tipo básico del delito de estafa (simple engaño a la víctima) la pena estimada es de seis meses a tres años de prisión. Si se produce un tipo agravado del delito de estafa, los artífices pueden ser condenados a un periodo entre uno y seis años de cárcel y multa.
Si la cantidad sustraída supera los 250.000 euros, la pena de prisión será de cuatro a ocho años y multa.
