El Consejo de Ministros aproboó ayer la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la séptima norma educativa en 37 años de democracia, para su remisión inmediata al Congreso de los Diputados, según anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, donde el Ejecutivo buscará «un consenso más amplio» en torno a esta reforma de la enseñanza.
En comparecencia junto al ministro de Educación, José Ignacio Wert, la número dos del Gabinete subrayó que se trata de «la norma más importante de la Legislatura» y «uno de las cambios fundamentales» del Gobierno, pues tiene «un doble cometido esencial, mejorar la calidad de la Educación y la empleabilidad de los jóvenes».
«Necesitamos la remodelación urgente de nuestro sistema de aprendizaje porque no nos podemos permitir las cifras de fracaso, abandono y paro juvenil», señaló la dirigente popular, quien destacó que la reforma tiene entre sus objetivos refuerzo de conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias, la incorporación y desarrollo de sistemas de evaluación externa y la promoción de la autonomía en los centros docentes.
Por su parte, Wert remarcó que el Ejecutivo va a «intentar todo lo que esté en su mano» para «conseguir un consenso más amplio, no solo político, sino también social» en torno a la Lomce, aunque advirtió de que la negociación se hará «sin desvirtuar» los planteamientos esenciales.
El ministro se refirió a la dotación económica con que contará la ley, que el Consejo de Estado considera insuficiente, para explicar que hasta el 95 por ciento de los costes directos de implantación de la norma se deben al adelanto de los itinerarios formativos en la ESO y la creación de la Formación Profesional Básica, y podrían ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en tanto que, en el horizonte 2014/2020, «uno de sus objetivos temáticos es la eliminación del abandono escolar temprano y la capacitación de los jóvenes».
En total, Educación calcula que, el primer año, el coste directo será de 38 millones de euros; de 190 millones el segundo y de 340 millones el tercero. No obstante, si se descuenta lo que se prevé ahorrar con la reforma del Bachillerato, las cantidades se rebajan a 23 millones para el primer año, 130 para el segundo y 255 en el tercero. Los costes indirectos los asumen las comunidades autónomas y dependen del «éxito» que tengan en la implantación de la reforma.
Según explicó Wert, con la Lomce se busca «garantizar el derecho a la Educación, asegurando y mejorando la permanencia para reducir el abandono escolar temprano», consolidar «un sistema flexible y transitable» a nivel práctico, reforzar «la autonomía de los centros y también las competencias de las Administraciones educativas» y conseguir una «homogeneización de los elementos básicos de las enseñanzas comunes.
Por ello, el ministro señaló que la nueva ley supone un «cambio en la filosofía», en tanto que las asignaturas se dividen en «troncales, específicas y de libre configuración autonómica» para «poder definir, utilizando las competencias del Estado, un núcleo básico homogéneo» que a su vez garantice uniformidad en los contenidos educativos en todo el país.
Además, puso el acento en «la nueva concepción, impulso y modernización de la Formación Profesional», porque, a su juicio, este tramo es «la mayor debilidad desde el punto de vista de titulación» del sistema español.
Las grandes novedades
La séptima ley educativa de la democracia establece que, tanto la asignatura de Religión como su alternativa, serán evaluables y la nota contará para la media del curso «a todos los efectos», ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, «como el resto de las materias del curso».
Ambas asignaturas, que tienen un régimen especial porque es obligado ofertarlas en línea con los acuerdos con la Santa Sede, se podrán cursar como optativas desde la Primaria, facilitando así que quien lo desee pueda estudiar las dos y no solo una, en detrimento de cualquier otra de las optativas, como contemplaba inicialmente el anteproyecto de la norma, en la que Religión y Valores eran excluyentes. Además, la asignatura de Educación Para la Ciudadanía se diluye en «contenidos transversales» recogidos en todas las materias.
También en línea con el Consejo de Estado, el proyecto de Lomce contiene novedades en lo relativo a la enseñanza del castellano en Cataluña: el Gobierno pagará un colegio privado cuando la Comunidad Autónoma no la oferte como vehicular, pero será de forma «transitoria» hasta que el Ejecutivo regional solucione la cuestión y, en todo caso, recuperará el dinero (calculado en cinco millones de euros para cada 1.000 alumnos) detrayéndolo de la partida que le corresponda en el marco de la financiación autonómica.
Otra de las novedades afecta al paso de curso: un alumno no podrá promocionar con más de dos suspensos y nunca si las dos asignaturas que no se han aprobado son troncales o una troncal y una lengua cooficial. De este modo, quien no apruebe, por ejemplo, matemáticas y lengua, o matemáticas y lengua cooficial, tendrá que repetir. Sin embargo, si las suspensas son matemáticas y música, podrá pasar de curso. Si los no aprobados son tres, el alumno no promocionará, aunque una de las asignaturas sea Religión.
Por otra parte, en cuanto a las evaluaciones, el proyecto cambia respecto del redactado inicial: las pruebas de Primaria se realizarán en tercer curso y a nivel nacional, pero el diseño del examen y todo lo que a él se refiere será competencia de las comunidades. Estas reválidas medirán la capacidad en lengua, escritura y cálculo y estarán diseñadas para la detección temprana de problemas.
Por contra, la evaluación externa al término de la ESO y la que se impondrá al final de Bachillerato serán asunto del Ministerio de Educación, porque servirán para la obtención del título. Además de los conocimientos, se medirán competencias como la comprensión o el razonamiento crítico.
