El Ayuntamiento de Segovia aprobó este miércoles en la sesión del Pleno extraordinaria las Ordenanzas Fiscales de cara a 2025, que conlleva la regulación de una treintena de tasas (15), precios públicos (nueve) e impuestos (seis) de aplicación en el municipio; entre las que se encuentra una nueva subida de la tasa del servicio de recogida, trasnporte y tratamiento de residuos. El único punto del orden del día salió adelante con un total de doce votos a favor de los concejales del equipo de Gobierno del Partido Popular, la abstención de la edil de Ciudadanos y el rechazo de once ediles del PSOE, Vox, Izquierda Unida y Segovia en Marcha.
Esta aprobación se rige por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminantes para una economía circular, de aplicación obligatoria desde el Gobierno de España, que lleva un incremento de 27 euros en la tasa de basura a partir del 1 de enero de 2025, al pasar de los 99 a los 126 euros; lo que supone un aumento en torno al 25%. También atiende a las tasas de aprovechamiento del dominio público local por empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general y la de utilización privativa del aprovechamiento especial del dominio público municipal; además de la que afecta al impuesto de los vehículos de tracción mecánica.
Defendió el dictamen la portavoz del Gobierno municipal y responsable del Área de Hacienda, Contratación, Subvenciones y Fondos Europeos, Rosalía Serrano, quien explicó la propuesta de ordenanzas fiscales en «un ejercicio de la responsabilidad» y aseguró que con esta aprobación se está «cumpliendo con el imperativo legal establecido por el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez y Podemos y Sumar», que «termina repercutiendo en los ayuntamientos». En este sentido, el Gobierno local prevé la posibilidad de que los ciudadanos se acojan a la denominada ‘cuenta fiscal’, que permite fraccionar los pagos a lo largo del año con bonificaciones que alcanzan el 2% para todos los recibos.
La edil de Ciudadanos, Noemí Otero, indicó que su abstención supone una «oposición responsable», que sienta «la moderación, la cordura y la sensatez» entre la corporación municipal para «facilitar la acción de gobierno» y así «cumplir la ley»; pero recalcó que «no se han estudiado de manera pormenorizada todas las ordenanzas» y, por ello, no votó a favor. Asimismo, echó en cara al anterior equipo de Gobierno -PSOE e IU- «la falta de trabajo» en materia de «concienciación sobre la recogida selectiva de residuos años» durante «la última década» para ahora «torpedear la acción de gobierno».
Guillermo San Juan, concejal de Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde), que previamente ya manifestó su negativa a la aprobación, aclaró que el incremento en la tasa de basuras lo que conlleva es una «subida de la presión fiscal» para la ciudadanía segoviana, y enumeró otros aumentos como «el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y los precios del autobús urbano». En una línea similar se mostró el portavoz de IU, Ángel Galindo, que criticó que el actual equipo de Gobierno dijera en campaña que «no iba a subir los impuestos ni las tasas» y lo calificó de «demagogia o populismo», mostrando un nota de prensa emitido en el mes de junio y titulada ‘Los segovianos pagarán el mismo recibo del IBI en 2025 tras la revisión catastral del Gobierno’.
Por parte del grupo de Vox intervino Esther Núñez, que reconoció que «el tasazo» a los segovianos viene «impuesto desde Bruselas y la Agenda 2030» a través de «la aprobación en el Congreso de los Diputados por el PSOE y sus aliados, con la abstención del PP».
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Clara Martín, señaló que con las Ordenanzas Fiscales fijadas para 2025 el Gobierno municipal tiene como fin «recaudar más» y que las cuestiones ambientales «les da lo mismo: no tienen ningún tipo de estrategia para mejorar la recogida y tratamiento de los residuos». Asimismo, afeó que «el alcalde quisiera meter un rejonazo del 40% en la tasa de basura». También tomó voz el viceportavoz socialista, Jesús García Zamora, para señalar que el coste del servicio de recogida de residuos es «de 5,6 millones y al Consorcio le pagan 4,7 millones». «Es casi un millón de euros más», apuntó; y cuestionó: «¿Para pagar qué? Para los caprichos del alcalde Mazarías».
