Tres décadas después de la intentona golpista del 23-F, tres de los principales implicados, el ex general Alfonso Armada, el antiguo teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el entonces comandante Ricardo Pardo Zancada viven apartados de la vida pública y pasan sus horas entre cuadros, libros y flores.
Tejero, cuya imagen al entrar aquel día en el Congreso pistola en mano y al grito de «¡Quieto todo el mundo!» permanece en la retina, alterna su existencia entre un pueblo de su tierra natal, Málaga, y la capital de España, en donde también residen gran parte del año sus compañeros de batalla, Armada y Pardo Zancada.
Muy aficionado a la pintura, el ex guardia civil combina esa actividad con el cultivo de distintas especies en un huerto de Vélez Málaga y se habla de que en estos momentos podría estar escribiendo sus memorias.
El ex general Armada vive entre Madrid y el Pazo de Santa Cruz de Rivadulla, muy cerca de Santiago de Compostela , propiedad de su familia desde el siglo XVII. El lugar está considerado un oasis en que se dan gran variedad de plantas y en el que explota comercialmente distintas variedades de camelias.
El tercer condenado a 30 años de prisión junto a Tejero y Armada por el Consejo Superior de Justicia militar, el teniente general Jaime Milans del Boch, murió en 1997 y fue enterrado en la cripta del Alcázar de Toledo por su defensa del baluarte durante la Guerra Civil.
De los tres, solamente Tejero permaneció preso más de 15 años, ya que Armada fue indultado por razones de salud y salió de prisión en 1989 y Milans fue puesto en libertad el 1 de julio de 1990.
El guardia civil que comandó el asalto al Congreso siguió los mismos pasos el 3 de diciembre de 1996, aunque desde tres años antes se encontraba en régimen abierto en la cárcel militar de Alcalá de Henares.
En el segundo escalón de condenados a mayores penas, con 12 años, figura Ricardo Pardo Zancada, comandante de Infantería, que en la madrugada del 24 se sumó con 113 hombres de la Policía Militar de la División Acorazada Brunete a la ocupación del Congreso.
Obtuvo la libertad condicional en el año 1987 y, desde entonces, ha publicado varios libros sobre cómo se fraguó el intento de golpe de Estado.
El ya fallecido y entonces general Luis Torres Rojas fue penado igualmente con 12 años, mientras que el coronel Diego Ibáñez Inglés, también muerto, con un total de 10.
De los 33 procesados por aquellos hechos, 30 lo fueron por delito de rebelión militar en el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo, que dictó sentencia en 1983.
El único implicado civil en la rebelión, el abogado y máximo exponente del sindicato vertical franquista, Juan García Carrés, falleció de un ataque cardiaco hace ya 25 años.
También consiguió el indulto el capitán Vicente Gómez Iglesias, condenado a seis años de cárcel.
Tras cumplir un año de prisión fueron puestos en libertad el capitán de navío Camilo Menéndez Vives (falleció en 1994) y los tenientes Jesús Alonso Hernáiz, César Álvarez Fernández, Manuel Boza Carranco, Vicente Garricondo Sánchez, Pedro Izquierdo Sánchez, José Núñez Ruano, Vicente Ramos Rueda y Santiago Vecino Núñez.
Cumplieron condena de dos años los capitanes José Cid Fortea, Francisco Dusmet García, y el civil Juan García Carrés. Tres años en prisión estuvieron los capitanes Francisco Acera Martín, Carlos Alvarez-Arenas, Enrique Bobis González, Carlos Lázaro Corthay, José Pascual Gálvez, y Juan Pérez de Lastra.
Dos décadas después de la noche más larga de la España democrática, ninguno de los condenados pertenecía ya al Ejército y el intento de golpe del 23-F dejó de ser un asunto de los tribunales para convertirse en Historia, al prescribir todos los delitos por la fallida rebelión militar.
37.- Es el número de señales de bala que se contabilizaron en el Congreso de los Diputados tras el golpe de Estado fallido. Los gastos de los desperfectos fueron de más de un millón de pesetas.
