Los protagonistas de la Transición consiguieron desterrar aquellos versos de Jaime Gil de Biedma en Triste historia: “De todas las historias de la Historia la más triste sin duda es la de España, porque termina mal. Como si el hombre harto ya de luchar con sus demonios quisiera terminar con esa historia de ese país de todos los demonios.” Y bien que lo hicieron a pesar de que en contra existían poderosos elementos, algunos -creíamos- consustanciales a nuestra piel de toro. Porque la idea del acuerdo, del pacto, cotiza bajo entre nuestros políticos a pesar de que en las encuestas (Metroscopia) un alto porcentaje de españoles pide un mayor consenso entre los dos principales partidos políticos.
Por ello, los políticos de la Transición, conscientes del carácter español y conocedores de la historia de España, diseñaron un sistema político constitucional en el que la colaboración en los grandes asuntos de Estado era fundamental para el funcionamiento de las instituciones. Por eso la Transición terminó bien, porque sus actores mantuvieron el pacto constitucional que nos ha permitido disfrutar de los mayores índices de desarrollo, justicia social y presencia internacional de los últimos doscientos años.
Pero este pacto empezó a hacer agua tras el pistoletazo de salida que supuso el pacto del Tinell, seguido de las leyes de memoria, de la “nueva política” y finalmente con la moción de censura de 2018 que llevó a cabo un aventurero previamente expulsado por sus propios compañeros de partido entre otras cosas por manipular -sin éxito-la elección a la secretaría general de su partido. Me refiero, como no, a la persona que rige hoy el Gobierno de la nación.
Ha pasado relativamente desapercibido, al menos para el gran público, un artículo escrito por el ex secretario general del PSE, Ramón Jáuregui, en el que opina sobre el próximo congreso del PSOE a celebrar a finales de noviembre, en el que se lamenta de la actual “pérdida de vocación de mayoría” de su partido, al basar su permanencia en el Gobierno a estar supeditado a los designios de los partidos minoritarios independentistas. Pero lo que más me llamó la atención es la constatación de una ruptura que algunos venimos anunciando desde hace tiempo. El exministro dijo que sus compañeros de partido le dicen “hemos sacado al PSOE del pacto constitucional, hemos superado la España de la Transición y es la hora de construir la república confederal en España”. Vayamos por partes:
“Hemos sacado al PSOE del pacto constitucional”: Desde hace un tiempo, los españoles venimos sufriendo cómo cada iniciativa del Gobierno confirma este aserto. Son muchos los casos, pero el ejemplo paradigmático que ha atraído más el interés de los medios y la ciudadanía ha sido -por su importancia- los más de cinco años de bloqueo en la elección del CGPJ, que finalmente se ha resuelto de manera extrapolítica sin que los organismos constitucionalmente designados para el acuerdo -las Cortes- hayan cumplido con su papel. También hemos visto otro ejemplo recientemente con el nombramiento del Gobernador del Banco de España y la Subgobernadora en los que nada ha tenido que ver la oposición. Las instituciones son ‘okupadas’ sin ningún acuerdo con la oposición, por altos cargos del partido del Gobierno y sus aliados, poniendo más que en duda, la autonomía de la institución que se ‘okupa’. En los últimos seis años apenas hay un ejemplo de colaboración institucional entre Gobierno y oposición, hecho que produce una esclerosis institucional que impide cualquier iniciativa reformista.
“Hemos superado la España de la Transición”. “Superar” un sistema democrático que fue diseñado teniendo como ejemplo a las democracias más desarrolladas de los años setenta y que hasta hace poco se situaba en los más altos índices internacionales de calidad democrática, solo puede significar que sus costuras impiden al gobernante cumplir con sus designios cesaristas. La ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931, que pretendía “superar” la monarquía, significó una vulneración y un retroceso en las libertades individuales y en la separación de poderes, del cual la II República nunca se recuperó. La ley mordaza a los medios de comunicación que pretende aprobar el Gobierno, va en este sentido.
“Es la hora de construir la república confederal en España”. Este deseo dicho por un joven estudiante de Ciencias Políticas en una asamblea universitaria podría tener la respuesta de aquel rector universitario del franquismo cuando sus alumnos le dijeron que querían derrocar a Franco: “Bien, pero eso lleva sus trámites”, contestó con cierta sorna. Pretender un cambio de régimen que no cumple con los principios básicos de nuestra Constitución es el camino más corto, como mínimo, a una crisis constitucional de incalculables consecuencias. Se pretende, por tanto, incumplir la Constitución que se ha comprometido a “guardar y hacer guardar” de la mano de aquellos que no quieren formar parte de ella, y me temo que no precisamente “de la ley a la ley”. Ahora resuena en mi cabeza con todo su sentido aquella frase en junio de 2020 del ministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional cuando dijo “hay que abordar entre todos la salida a una crisis y un debate constituyente”. En unas recientes declaraciones de una observadora imparcial de la realidad española como es la sueca Inger Enkvist, ha declarado que, sobre las poco inocentes leyes de memoria, se “está construyendo el argumento sobre el que edificar la tercera república”. En el Barómetro de mayo del CIS, ante la pregunta espontánea sobre los principales problemas de los españoles, la monarquía preocupa al 0,2% de los españoles, ubicándose en el cuadragésimo tercer lugar. Entre los primeros problemas que percibimos los españoles es recurrente que aparezcan los políticos, los partidos políticos, el Gobierno y la corrupción, que clasificamos en los primeros lugares. Por mucho que les pese a algunos, monarquía es democracia (los Estados con mayor calidad democrática lo son), así pues ¿qué sentido tendría cambiar lo que funciona?
Que nadie se engañe. Esta ruptura del pacto constitucional no tiene como intención mejorar nuestra democracia, ni perfeccionarla. Más bien corromperla, degradarla y socavarla de forma premeditada con la única intención de permanecer en el poder, compartiéndolo con aquellos que aprovechándose de la debilidad del gobernante intentan extorsionarle: un indulto, una amnistía, un concierto económico, un referéndum, una independencia encubierta… What ever it takes, que diría Mario Dragui.
El cesarismo (“el poder y la vanidad pueden hacer enloquecer”) que se inició en la pasada legislatura y que desnaturaliza, desarma y desmonta “de facto” nuestro sistema constitucional ha sido ya descrito por eminentes constitucionalistas (Manuel Aragón), pero tras las últimas elecciones generales -a pesar de la gran debilidad de este gobierno, o precisamente por ella- se ha producido un impulso y se ha creado una dinámica que ahonda en lo dicho por el Sr. Jáuregui.
Primero se empieza a “estar” en el Gobierno sin tener un pacto de legislatura estable que garantice un proyecto para todos los españoles y unos presupuestos, luego se intenta controlar al poder judicial y a los medios de comunicación, se pierden apoyos parlamentarios, y se dice que se seguirá gobernando «con o sin el concurso del Poder Legislativo». Que cada uno le ponga el adjetivo más descriptivo.
Azaña decía que “el pueblo español tiene derecho a volver la vista atrás para algo más que no sea empapar su corazón en hiel” y que “España es un país enfermo de historia mal sabida”, yo, como decía Ortega no pierdo la fe en “una España posible” cuyo mejor ejemplo de concordia, reformismo, integración y regeneración lo tenemos en la Transición, proceso que no debemos olvidar.
