Las administraciones de Castilla y León, licitaron de enero a julio obras por importe de 1.637 millones de euros en la región, lo que supone un 13,9 por ciento más respecto al mismo periodo del 2023. La central acumula 928 millones, lo que representa el 57 por ciento del total, tras aumentar un 29 por ciento respecto al pasado año.
En el caso de la Junta, sumó en los siete primeros meses obras por valor 462 millones de euros, lo que representa el 28 por ciento de la licitación en la Comunidad. En su caso, sus inversiones experimentaron una variación positiva del 8,4 por ciento. En el caso de las entidades locales, aportaron el 15 por ciento, con 247 millones de euros, lo que supone un 15,4 por ciento menos.
Por provincias, la inversión en obra pública de las administración creció en seis de ellas y disminuyó en tres. En Soria se registró un descenso notable del 52,2 por ciento, hasta los 72 millones; en Palencia, del 44,5 por ciento, hasta los 179,6 millones, y en Zamora, del 34,7 por ciento, hasta los 51,9 millones. Por el contrario, casi se duplicó la licitación en Valladolid (94,7 por ciento más), hasta los 264,4 millones como la partida sin provincializar (96,2 millones).
Además, aumentó un 75,7 por ciento en Segovia, hasta los 79,1 millones; un 60,7 por ciento en León, hasta los 330,1 millones; un 37,7 por ciento en Salamanca, hasta los 124,7 millones; un 25,7 por ciento en Burgos, hasta los 361,6 millones -la cifra más alta de la Comunidad- y un 6,1 por ciento en Ávila, hasta los 77 millones.
No obstante, a pesar del aumento de esta inversión, un total de 88 proyectos no encontraron empresa que los ejecutara al quedar desierta su licitación en los siete primeros meses del año. Ninguna constructora pujó por ellos en el concurso, por lo que hasta 26,5 millones de euros en inversiones se quedaron en el cajón de las administraciones esperando una nueva oportunidad.
Los problemas de contratación de las infraestructuras se mantienen en la Comunidad, de acuerdo a los datos que maneja la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que de enero a julio detectó cinco concursos desiertos de la Administración central, frente a los 14 de la autonómica y los 69 de la local, la que está registrando más dificultades para encargar sus obras este año, con bastante diferencia respecto al resto.
Los contratistas consideran que las licitaciones desiertas, una situación que se ha producido tradicionalmente, pero en menor medida, responden a que los presupuestos de algunas obras públicas están desfasados y no se ajustan a los precios de mercados actuales, que se han visto incrementados por el encarecimiento de las materias primas o los costes energéticos.
