Financiación privilegiada de Cataluña: el cambio de modelo de Estado

El Presidente del Gobierno ha calificado el acuerdo de financiación de la Comunidad de Cataluña como un paso en la federalización del Estado, lo que supone un cambio de modelo de Estado con claridad. La necesidad del apoyo de Esquerra Republicana ha determinado que Pedro Sánchez en su comparecencia en el Instituto Cervantes el pasado día 4 de septiembre no haya tenido más remedio que confirmar plenamente el contenido del acuerdo con el grupo independentista. La propia comparecencia del mismo día de la Ministra de Hacienda María Jesús Montero en el Senado confirma dicha conclusión, que el PSOE pretende la aprobación del concierto económico catalán, a semejanza del País Vasco y Navarra.

El contenido del acuerdo se basa en cinco premisas. La primera es nos encontramos ante un acuerdo bilateral entre el Estado y Cataluña, lo que rompe el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, previsto en la Constitución. En segundo lugar, se cede a Cataluña el 100% de la recaudación de los impuestos estatales (IRPF, IVA, etc.), así como su gestión y recaudación, al igual que en los territorios forales. En tercer lugar, que la Comunidad de Cataluña aportará al Estado una compensación por los servicios que el propio Estado presta a esa Comunidad, en función de un porcentaje a determinar, al igual que en el País Vasco (6,24%) y en Navarra (1,6%), es decir un cupo anual. La cuarta premisa deriva de la previsión de una asignación de una cantidad al Estado para el cumplimiento del principio constitucional de solidaridad, que se determinará básicamente por la propia Comunidad de Cataluña en unas negociaciones con el Estado, al mismo tiempo que no habrá asignación respecto de aquellas Comunidades que tengan una presión impositiva menor que aquella Comunidad. Por último, el acuerdo PSOE-Esquerra Republicana supone la consagración de la división de España en dos mitades, una pobre y otra rica.

Por tanto, nos encontramos ante el mismo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas forales, basado en los principios de bilateralidad Estado- C. Autónoma, gestión del 100% de los recursos tributarios y aportación de un cupo, sin que exista compromiso alguno con la solidaridad respecto a otros territorios.

En efecto, la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña supone que esta Comunidad asumirá el 23% de los ingresos totales del IRPF y del 20% del IVA, que no revertirán al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas común. El resultado es que Cataluña recibirá 11.500 millones de euros adicionales por IRPF y 7.000 millones de euros por IVA, en total se calcula que recibirá aquella Comunidad 25.000 millones de euros suplementarios, lo que duplicará sus recursos hasta 50.000 millones.

Este modelo pactado entre Esquerra Republica y el Partido Socialista de Cataluña perjudicará a la España vaciada, a las regiones menos pobladas, como Castilla y León, Extremadura y Castilla La Mancha. En efecto, en el año 2021 las Comunidades que aportaron fondos netos al sistema fueron: Madrid con 6.301 millones de eurios, Cataluña con 2.618 millones y Baleares con 334 millones. Mientras que las Comunidades pobres tienen menores cifras de recaudación y necesitan para financiar sus competencias fondos del propio sistema, así por ejemplo en el año 2022 Castilla y León tenía una capacidad fiscal de 2.535 euros por habitante y recibió del Estado 3.468 euros (cuadro 1).

Resulta por tanto imprescindible el mantenimiento de un sistema de financiación autonómico que asegure una cohesión territorial en nuestro país, cuando las ocho Comunidades más pobres representan el 61,97% del territorio nacional y solamente cuentan con el 24,13% de la población. En este sentido, sería necesario un fondo específico que garantice el cumplimiento de la Estrategia nacional frente al reto demográfico, que permita el desarrollo sostenible en las zonas rurales y que garantice la igualdad de oportunidades para la ciudadanía de esas zonas rurales. Un sistema de financiación que ha de tener en cuenta los gastos incrementados y que han de ser soportados por aquellas Comunidades, derivados de la superficie, la dispersión de la población, la baja densidad, la orografía, y el envejecimiento de su población. Un sistema nuevo, diseñado con altura de miras, con el objetivo de reconstruir el necesario reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y otras zonas en declive poblacional. Un sistema, en definitiva, que potencie el Fondo de Compensación Interterritorial, al mismo tiempo que se garantice el principio de solidaridad interregional.

Por el contrario, el modelo patrocinado por Pedro Sánchez reconoce la independencia fiscal de una Comunidad dado que nos encontramos ante un acuerdo bilateral, lo que rompe la caja única y genera el nacimiento de un nuevo modelo de financiación no previsto en nuestro marco constitucional.

El resultado es un transvase anual entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana, lo que determinaría un incremento de financiación homogénea de la Generalitat entre un 25% y un 50% desde un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022 para Cataluña (sobre una media de 100), según FEDEA. Un incremento de financiación que deberá detraerse de esa caja común, lo que perjudicará al resto de Comunidades, salvo que el Estado reduzca su presupuesto de gastos o aumente su presión fiscal como ha señalado el Presidente del Gobierno en su comparecencia del día 4 de septiembre.

La Comunidad de Cataluña saldrá del régimen común del sistema de financiación autonómica según el acuerdo de investidura del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, lo que implica que esta Comunidad de Cataluña regulará y recaudará todos los impuestos de titularidad estatal, a semejanza del País Vasco. A cambio, esa Comunidad aportará una especie de cupo para financiar los servicios del Estado prestados en Cataluña y una cuota de solidaridad en beneficio de aquellas Comunidades con menor renta.

Las consecuencias de este acuerdo son claras, la reducción de la aportación catalana a la caja común del Estado con lo que se minorarán los recursos disponibles para financiar la solidaridad interterritorial y las políticas sociales de ámbito nacional. Otra consecuencia es división de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con lo se incrementarán los costes de gestión y se reducirá la eficacia en los controles tributarios. Por otra parte, aquella división afectará a la transparencia de nuestro sistema tributario, dado que será difícil calcular la capacidad fiscal homogénea de las Comunidades Autónomas, al mismo tiempo que ese sistema singular implica un cambio cualitativo de la naturaleza del Estada hacia un modelo confederal.

En definitiva la aportación catalana a la caja común se reducirá entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales, una aportación que quedará condicionada a los acuerdos políticos en un futuro, cuando la Comunidad ya disponga en sus cuentas los ingresos tributarios.

Cuadro 2. Sistema de financiación de las CC.AA. a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal en millones €.

Los ingresos homogéneos brutos de las Comunidades Autónomas por tributos cedidos (antes de ejercer las competencias normativas para bajar o subir tipos) fueron de 135.217 millones de euros en 2022, mientras que la financiación efectiva final a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal fue de 149.530 millones de euros, tras la aplicación de la aplicación de los distintos elementos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. La diferencia entre esas dos cantidades refleja la recepción que el sistema aporta a cada Comunidad por encima de lo recaudado en su territorio. No obstante, son aportantes netas: la Comunidad de Madrid con 7.395 millones, Cataluña con 2.088 millones y Baleares con 345 millones de euros (cuadro 2).

El actual sistema aporta a las Comunidades de menor renta unos recursos de 24.000 millones de euros (por encima de sus ingresos tributarios), de los cuales 14.000 millones los aportó el Estado y el resto por importe de 10.000 millones los aportan las Comunidades de Madrid, Cataluña (2.088 millones €) y Baleares.

El problema no es la pérdida de esos 2.088 millones de euros, que supondría una pérdida del 1,69% en la financiación del resto de las Comunidades Autónomas (2.088 / 123.618 millones €), sino la pérdida de los ingresos tributarios de Cataluña al ser recaudados por la propia Comunidad.

Cuadro 3. Distribución territorial estimada de los ingresos tributarios del Estado 2022.Fedea.

La salida de la Comunidad de Cataluña del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas supondrá una pérdida que es modesta, el problema es la pérdida de ingresos del Estado en relación de los ingresos tributarios de Cataluña. En efecto, el Estado habría recaudado más de 30.000 millones de euros en territorio catalán en 2022 y que serían objeto de ingreso en la Generalitat por el nuevo sistema de cupo (cuadro 3). La Generalitat aportaría al Estado dos cantidades: un cupo para cubrir el coste de los servicios prestados por el Estado en territorio autonómico y una cuota de solidaridad.

Los nacionalistas catalanes señalaron tradicionalmente que la Generalitat debía quedarse con la cantidad de 22.000 millones de euros. Todo dependerá de las próximas negociaciones, que pueden concretarse en tres escenarios.

En el siguiente cuadro 4 se refleja la situación actual (columna 1) donde los ingresos se dividen por partes iguales, una situación que podría mantenerse (columna 2). Sin embargo, aquellas negociaciones pueden determinar que el índice actual normalizado (100) se incremente a niveles de 125 (columna 3), 151 (col. 4) y 185 (col. 5). La situación actual es que Cataluña está situada en la media del régimen común, pero si se reduce el 100% de esos 22.000 millones de euros, ello llevará a que la Comunidad de Cataluña disfrutaría de unos niveles de financiación cercanos a los territorios forales y que disfrutan de un índice de financiación relativa cercano a 200. En efecto, si la reducción de la aportación autonómica fuera del 60% (de 22.000 millones de €), Cataluña incrementaría su financiación neta en un 51% y reduciría su aportación a la caja común en un 41%, lo que supondría una reducción del 10,7% de los ingresos del resto de las Comunidades Autónomas. Si el Estado decidiera compensar esa bajada de ingresos con el IRPF, debería incrementar en un 30% la tarifa del IRPF en su tramo estatal.

Por otra parte, si este sistema se aplicara a las Comunidades de Baleares y Madrid, las aportantes netas, el Estado perdería 37.000 millones de euros. El coste de garantizar un tratamiento equitativo a las Comunidades de Baleares y Madrid, ello supondría reconocer un ingreso de 1.461 millones de euros a Baleares y 11.538 millones a Madrid, a ello habría que sumar los ingresos adicionales de Cataluña de 13.200 millones de euros, lo que totalizaría la suma de 26.019 millones, y lo que significaría el 18% de los ingresos totales del Estado y el 45% de la recaudación del IRPF. En resumen, el acuerdo PSOE / Esquerra Republicana podría suponer un transvase inicial de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común a la Hacienda catalana, lo que puede incrementar el índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022 (frente a una media de 100 para el conjunto de las Comunidades de régimen común) entre un 25 y un 50 por ciento.

Reducción de la aportación total de Cataluña a la Caja común. Fedea.

Sin embargo, mi opinión no es que lo grave sea que Cataluña deje de aportar a la solidaridad regional 2.000 millones anuales sino que con aquel acuerdo se consagra la división de España en dos, las España rica y desarrollada radicada en las Comunidades de Cataluña, País Vasco y Navarra y una España pobre condenada a vivir en un permanente letargo económico. Una situación que astilla no puede tolerar de ninguna manera, dado que ese acuerdo nos condena a vivir del sector primario de modo que la población debe emigrar hacia las regiones menos desarrolladas, consagrándose la despoblación, el abandono y la marginación de nuestra tierra.