La Junta de Castilla y León mueve ficha para poner coto, en algunas zonas de la Comunidad, al crecimiento de las viviendas de uso turístico. Para ello, prepara una modificación de la ley de Urbanismo para dejar en manos de los ayuntamientos la autorización de los cambios de uso, desde el residencial al turístico, con el fin de fomentar la oferta de alquiler en su municipio y que cubra la demanda de los ciudadanos.
Así lo afirman fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que avanzaron que a la vuelta del verano impulsará un decreto ley para establecer una licencia o autorización administrativa sobre las viviendas de uso residencial que se convierten en turísticas. Además, su concesión recaerá en los ayuntamientos por ser la administración con un mayor conocimiento de la situación de su municipio.
Estará por ver de qué manera afectarían estás medidas a Segovia, que es la cuarta provincia de Castilla y León con más pisos turísticos, 535, por detrás de Ávila (977), León (916) y Burgos (578). Eso sí, al mismo tiempo, es la que presenta un menor crecimiento en este sentido en los últimos cinco años, quedándose en el 87,5%, muy lejos del 271 de Palencia o el 245 de Zamora.
Las viviendas de uso turístico se han disparado durante el último lustro en toda Castilla y León, pasando de las 1.664 de abril de 2019 a las 4.451 de las registradas en el mismo mes de este año, lo que supone un aumento del 167,48 por ciento. Los apartamentos turísticos, también crecieron, pero menos, de 362 a 553. Por tanto, en conjunto, los pisos turísticos aumentaron en este periodo un 146,99 por ciento, porque frente a los 2.026 de antes de la pandemia, ahora se superan los 5.000.
De la misma forma, las plazas de las viviendas de uso turístico pasaron de las 14.133 de la primavera de 2019 a las 28.682 de 2024 y las de apartamentos, de las 6.805 a las 9.949. La suma total de estos alojamientos, se incrementó, por tanto, desde las 20.938 a las 36.631. Además, con datos al cierre de 2023, en los municipios de menos de 3.000 habitantes, se contabilizaban en la Comunidad 1.465 viviendas de uso turístico y 214 apartamentos, lo que supone 1.679 de los 4.666, por tanto, un 35,98 por ciento.
MODELO COMÚN IMPOSIBLE
Vivienda se ha decidido a intervenir en el mercado de la vivienda, para lo que se apoyará en los ayuntamientos con el fin de que estas administraciones locales puedan facilitar o restringir el crecimiento de las viviendas de uso turístico. Este departamento entiende que Castilla y León presenta circunstancias muy diversas que impide fijar un modelo común para todos sus territorios.
En ese sentido, la Consejería de Juan Carlos Suárez-Quiñones considera que las viviendas de uso turístico no tienen el mismo peso en las capitales de Castilla y León, que en el medio rural o en pueblos con atractivo turístico. Por ello, los ayuntamientos podrán decidir en el ámbito de sus competencias si es necesario frenar el cambio de uso residencial a turístico de sus viviendas.
Asimismo, este departamento entiende que esta nueva regulación está orientada principalmente a los municipios de más de 5.000 habitantes de la Comunidad, donde el “exceso” de viviendas de uso turístico puede generar problemas para el mercado del alquiler, tanto en la oferta, como por los precios, así como de convivencia. En ese caso, se podría recoger la posibilidad de aplicar una moratoria dentro de un plazo determinado.
La Consejería está consultando su propuesta normativa con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), así como con los alcaldes para recabar su posicionamiento al respecto, puesto que serán ellos los que podrán conceder o frenar las nuevas licencias. Además, el decreto ley, que deberá convalidar las Cortes ahora que el Gobierno autonómico está en minoría, deberá completar todo el procedimiento administrativo y legal antes de ser aprobado.
Vivienda cree que la “huida” del mercado residencial al turístico se debe a las políticas del Gobierno de España, puesto que en su opinión ha dictado normas que generan “mucha inseguridad jurídica” y que “sólo favorecen a los que dejan de pagar y no protegen al propietario”. A su juicio, ha pasado la “carga” de las personas vulnerables que no pueden hacer frente al alquiler a los “pequeños particulares”, en lugar de hacer que recaiga sobre las administraciones, a las que entiende corresponde facilitarle una solución habitacional.
Además, esta actuación de Vivienda completa la emprendida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que está revisando la normativa para endurecer el cumplimiento de las condiciones exigidas a los apartamentos y alojamientos turísticos.
