El consejero de la Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, reiteró ayer que le parece «sensato y oportuno» que, «de momento», la negociación para el traspaso de las transferencias de Justicia solicitadas por la Junta al Ministerio tenga que esperar, como mínimo, hasta el primer cuatrimestre del próximo año, que será cuando esté aprobada la Ley de Reforma del Sistema Judicial que prepara el Ministerio, y que tiene previsto presentar a finales de este mismo año.
De Santiago-Juárez realizó estas declaraciones durante una reunión con integrantes del Pacto de la Justicia para informarles del encuentro que mantuvo el pasado 29 de mayo con el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón.
Así mismo, el consejero aclaró que la Junta sigue dispuesta a cumplir con el mandato estatutario de asumir las competencias de justicia pero «no a cualquier precio», y según aseguró «esta reforma de la Justicia puede tener consecuencias económicas que se necesitan valorar». También, explicó que entregó al ministro personalmente el texto del Pacto de la Justicia firmado por los representantes de los estamentos judiciales de la Comunidad, y le aseguró que «la Junta quiere asumir las competencias de la Justicia, pero que no se podrían soportar si vinieran mal valoradas».
Además, también trasladó lo que abordó con el ministro sobre la futura reforma de la Ley de Demarcación y Planta.
De Santiago-Juárez solicitó al Gobierno de la nación que tenga en cuenta el perfil demográfico y territorial en la reorganización del mapa judicial, concepto que no ha valorado el informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial en el que se plantea la desaparición de 25 partidos judiciales de la Comunidad. El consejero le expresó el total rechazo al informe, y el ministro se desmarcó del documento del CGPJ, ya que aseguró que fue un encargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Anunció el consejero y portavoz de la Junta que el pasado mes de marzo creó un grupo de trabajo para analizar la situación, y se comprometió a tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas.
