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Cerca de 200 desfibriladores para proteger la salud de los habitantes de la provincia segoviana

por S.G.H
23 de julio de 2024
Fotografía de archivo. Desfibrilador en un punto cardioprogegido / E.A.

Fotografía de archivo. Desfibrilador en un punto cardioprogegido / E.A.

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Durante la mañana de ayer, el alcalde de Segovia, José Mazarías, felicitó a los dos agentes que en la tarde del viernes pasado, salvaron a un hombre tras sufrir una parada cardiorespiratoria a consecuencia de un infarto, en la calle José Zorrilla.
Debido a la situación crítica del paciente, los agentes emplearon el desfibrilador semiautomático (DESA) que llevaban en el vehículo patrulla y gracias al cual pudieron recuperar las constantes vitales del hombre, al que posteriormente realizaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de la ambulancia que lo transportó al hospital.
En España más de 30.000 personas fallecen todos los años debido a un paro cardíaco, más de 80 al día. En Segovia, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la segunda causa de muerte en 2022, último año del que tiene datos el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según la institución,de las cerca de 1.700 muertes registradas en la provincia durante ese año, 424 fueron causadas por dolencias relacionadas con el sistema cardiovascular. Solo fueron superadas por las enfermedades derivadas de tumores, que se cobraron la vida de 429 personas.
Las posibilidades de sobrevivir a una parada cardíaca extra hospitalaria oscilan entre el 5 y el 10 por ciento, por lo que una atención temprana y eficaz resulta fundamental para aumentar la tasa de supervivencia.
Según la Fundación Española del Corazón, la rápida respuesta en caso de un paro cardíaco incrementa las posibilidades de supervivencia en un 90 por ciento.
El 80por ciento de las paradas tienen lugar fuera del ámbito sanitario, por lo que un desfibrilador, en combinación con la RCP, tal y como actuaron los agentes segovianos, es un elemento fundamental para la supervivencia de la persona hasta que lleguen los profesionales sanitarios.
La presencia de este tipo de aparatos, demuestra de esta forma que son un elemento clave en caso de paro cardíaco. A pesar de que la legislación de Castilla y León no obliga a su instalación en edificios públicos como sí ocurre en otras comunidades, entre ellas Andalucía, Cataluña o Madrid, gran parte de los edificios públicos poseen uno con el fin de proteger a la población ante un hecho que ocurre con relativa frecuencia.
Actualmente hay unos 1.700 dispositivos en la Comunidad Autónoma, alrededor de uno por cada 1.400 habitantes. De ellos, 194 desfibriladores se encuentran repartidos en Segovia, siendo la capital el municipio con mayor número, 61, seguido en la provincia por La Granja de San Ildefonso, con 15, Valsaín con 9 y El Espinar con 8. Pueden encontrarse en edificios públicos, instalaciones deportivas, monumentos, instituciones y organismos oficiales, centros educativos, empresas privadas y restaurantes, entre otros.
Prácticamente la totalidad de los ayuntamientos están cardioprotegidos. Los últimos desfibriladores se instalaron hace apenas tres meses en Samboal, Cerezo de Arriba, Valdevacas y Guíjar, Rebollo o Aldeasoña, recordando que incluso en las localidades pequeñas existe un compromiso de lucha contra los accidentes cardiovasculares. En la capital, desde 2021, todas las instalaciones deportivas municipales también tienen un desfibrilador. A pesar de que en los últimos años las cifras han mejorado, el número de aparatos registrados aun son escasos para cubrir correctamente las necesidades de la población.
Para el buen manejo de estos aparatos, todos los empleados, tanto en instituciones públicas como privadas, deben recibir formación para su uso. Una formación que a pesar del esfuerzo constante por parte de las autoridades sanitarias, sigue siendo insuficiente.

DESA en la catedral.
DESA en la catedral.

NORMATIVA REGIONAL
Uno de los problemas en la lucha por la cardioprotección es la disparidad de normativas, que regula cada Comunidad Autónoma por separado. Esto, sumado a que se estima que solo el tres por ciento de la población no perteneciente al colectivo sanitario sabe realizar maniobras de reanimación ante un caso de parada cardiopulmonar, deriva en que España se sitúe a la cola de Europa en la atención temprana de este tipo de episodios, así como en el número de desfibriladores por habitantes.
En Castilla y León, la Junta regula, mediante el Decreto 9/2008, de 31 de enero, los requisitos para la instalación de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en centros no sanitarios y para obtener la formación necesaria para su utilización, por parte de personal no sanitario, la cual será impartida por instructores acreditados en soporte vital básico o avanzado, preferiblemente profesional médico o de enfermería.
Cada utilización de un DESA conlleva la obligación de contactar de inmediato con el Centro Coordinador de Urgencias a través del teléfono 112 y la elaboración de un informe que se remitirá, en el plazo máximo de una semana, a la Dirección General de Planificación, Calidad, Ordenación y Formación, junto con la información del episodio registrado en el DESA.
Aunque adquirir un dispositivo es cada vez más sencillo, como se ha indicado anteriormente, su instalación no es obligatoria.Las entidades o empresas que dispongan de un DESA deberán solicitar no obstante a la Dirección General de Planificación, Calidad, Ordenación y Formación, su autorización y registro, ya que este paso sí es obligatorio una vez adquirido el dispositivo. Asimismo, las entidades que hayan instalado o deseen instalar un desfibrilador, deberán presentar una declaración de responsabilidad, donde indiquen que disponen de un espacio físico visible para la instalación, así como de personal no sanitario que haya recibido la formación correspondiente. También deben tener identificada la marca, modelo y número de serie; nombre del fabricante y distribuidor y número del organismo notificado que ha otorgado el marcado de la CE. Asimismo, deberán garantizar su mantenimiento y tener identificados los dispositivos de conexión inmediata y activación de los servicios de emergencia, así como el sistema de notificación posterior de su uso a las autoridades sanitarias que determinen reglamentariamente.
En general, las normativas autonómicas en materia de desfibriladores y cardioprotección insisten en la importancia de que los equipos tengan un mantenimiento y estén adaptados para su óptimo rendimiento en caso de necesidad. Igualmente, recomiendan que los lugares con mayor tránsito de personas dispongan de estos dispositivos para favorecer la efectividad en la llamada ‘Cadena de supervivencia’, es decir, el reconocimiento y actuación precoz en caso de parada cardíaca. Un hecho del que sin duda depende la vida del paciente.

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