El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, decretó ayer el ingreso en prisión provisional, eludible bajo una fianza de 2,5 millones de euros, del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por la compra del City National Bank de Florida en el año 2008 al apreciar riesgo de fuga. Este negocio podría haber acarreado pérdidas superiores a los 500 millones de euros, según informaron fuentes jurídicas.
Blesa justificó dicha operación el pasado mes de noviembre, durante una comparecencia en el Congreso, argumentando que «el conocimiento del negocio en la región impulsó la toma de esta decisión», inicialmente pensada como participación pero que, dos años más tarde, se convirtió en toma de control total.
Ante la Comisión parlamentaria de Economía, el banquero defendió una operación a la que Caja Madrid destinó 1.117 millones de dólares para hacerse con el que, en ese momento, era el sexto mayor banco privado del estado de Florida. Según el economista, la operación se enmarcaba en una estrategia de «impulso» a la banca de negocios de la Caja, así como de diversificación de sus fuentes de ingresos, «tanto en cuanto a su naturaleza jurídica como a su localización geográfica».
En el año 2000 Caja Madrid había abierto su oficina de Miami, desde donde había constatado «la fuerte y creciente presencia de empresas españolas en Latinoamérica». Eso, junto con los beneficios obtenidos «desde el primer ejercicio», sirvió de «confirmación de las predicciones» que los responsables de la entidad habían realizado sobre las inversiones en la zona, lo que les «impulsó» a decidirse por la adquisición de la firma estadounidense. «No fue esa entidad ajena a la crisis que hubo en Estados Unidos a partir del año 2007 y sufrió los problemas derivados de la morosidad y de las dificultades de financiación del balance. A día de hoy, tras su capitalización y con la mejora del entorno económico, el banco ha vuelto al camino de beneficios que siempre tuvo y en 2011 obtuvo un beneficio de 36 millones de dólares», añadió Blesa.
Además, a un nivel más general, el expresidente de Caja Madrid defendió completamente su gestión de la entidad, presumiendo de que dejó sus cuentas en positivo y negándose a valorar la operación de fusión que dio lugar al grupo Bankia o su crisis posterior al haber abandonado ya sus responsabilidades. También argumentó que la caja madrileña no podría haber hecho las cosas de un modo diferente y que era «imposible» prever el «tsunami financiero» que se avecinaba.
Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, consideró que, tras la adquisición del banco de Florida, hay una «pésima gestión bancaria» que habría provocado pérdidas de más de 500 millones de euros por una operación en la que no se analizaron de forma «mínimamente» solvente la viabilidad, el riesgo y el nicho de mercado.
El magistrado tomó declaración a Blesa por la tarde tras recibir una petición de Manos Limpias para interrogarle por estos hechos en el marco de la denuncia que presentó por el crédito concedido al expresidente de la CEOE y de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, por importe de 26,6 millones de euros, en el que figuraba como «garantía» un holding empresarial que se encontraba en quiebra.
El sindicato quiere que la instrucción en torno a la gestión del exbanquero se extienda a esta operación de compra-venta, en la que, según el Banco de España, se invirtieron cantidades excesivas y se eludió el control de la Comunidad de Madrid.
Préstamos sospechosos.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó ayer a 10 exdirigentes del Banco de Valencia y empresarios tras admitir tres nuevas querellas presentadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, por la concesión de créditos sospechosos a varias sociedades.
Los imputados son el expresidente del Valencia Juan Bautista Soler Luján; el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra, Alfonso Monferrer, Salvador Vila, Carlos Pascual de Miguel, Fernando Polanco, Teresa Villalba, Bartolomé Cursach, Joaquín Rivero y Rafael Ruiz-Jarabo. Como partícipe a título lucrativo en una de las querellas figura el padre del expresidente del citado club Juan Bautista Soler Crespo.
En los autos de admisión a trámite de estas tres querellas, que se suman a la causa principal en la que están imputados el expresidente del Banco de Valencia y de Bancaja José Luis Olivas y el resto de exmiembros del Consejo de Administración, el juez atribuye indiciariamente a los imputados los delitos de falsedad, estafa, administración desleal y apropiación indebida.
Por otro lado, la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, exigió que el Gobierno inste a la Fiscalía a investigar si hay más contratos con millonarias indemnizaciones para directivos de entidades que son irregulares, como Economía sospecha en el caso de los del expresidente de Catalunya Banc y su exconsejero delegado.
