El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pagará hasta 3.400 millones de euros a las pymes que tengan deudas pendientes con los ayuntamientos, a los que se descontarán las facturas que pague el organismo de los ingresos a cuenta que realiza anualmente el Estado a las corporaciones locales.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, adelantó ayer que esta decisión, incluida en un amplio decreto ley que recoge las nuevas medidas sobre embargos hipotecarios y la regla de gasto para el Estado y los ayuntamientos, es una idea «muy sencilla» y no dudó que va a funcionar de forma satisfactoria.
El mecanismo consiste en que los proveedores de las administraciones públicas, y especialmente aquellas empresas que tengan contratados menos de 250 trabajadores puedan recibir de modo inmediato a través del ICO el pago de una parte muy relevante de las deudas que con ellos mantienen las entidades locales.
El organismo crediticio destinará recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas, generando a cambio un crédito de la institución frente a éstas, que deberán devolver en un máximo de tres años y que tendrá por garantía la participación de la entidad concreta en los tributos del Estado.
Las operaciones tendrán un límite máximo del 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011, es decir, unos 3.400 millones de euros.
De este modo, añadió Rubalcaba, el Gobierno atiende la «difícil situación» por la que atraviesan tanto los proveedores como las propias entidades locales en estos momentos de especial dificultad para la economía nacional.
Sueldo blindado
Por otro lado, el Ejecutivo dio luz verde a una serie de medidas de protección para las víctimas de ejecuciones hipotecarias, entre ellas subir hasta casi 1.000 euros la parte del sueldo blindado ante embargos y aumentar al 60% del valor de tasación el precio mínimo de un inmueble subastado.
La reunión incluyó estas iniciativas en el decreto de «medidas para fomentar la protección social de los ciudadanos y la sostenibilidad de las finanzas públicas», con el que dio rango de ley a las resoluciones aprobadas durante el Debate del Estado de la Nación.
También aprobó modificar la ley general de Estabilidad Presupuestaria para limitar la capacidad de gasto del Estado y las administraciones locales más importantes, con un llamamiento a las comunidades autónomas a que también se unan a esta regla.
En cuanto a la limitación de los abusos en las subastas, se eleva del 50 al 60% el precio de tasación del valor mínimo por el que pueden adjudicarse los inmuebles a una entidad financiera u otro interesado. Los embargados, tras la subasta de su piso, deben pagar la cantidad restante hasta completar el crédito que les concedió la entidad bancaria, por lo que les interesa que el precio que alcance en subasta sea lo más alto posible.
Por ello, también se quiere facilitar el acceso de más potenciales compradores, para lo que se reduce el depósito previo necesario para participar en una subasta, y queda por escrito el compromiso de establecer pujas por internet.
«Nadie podrá quedarse en la casa de nadie por menos del 60% de su valor», explicó Rubalcaba.
El Consejo de Ministros autorizó también emisiones de deuda a Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias y Cantabria, por un importe de 2.503 millones.
Más de la mitad de estas operaciones corresponde a la cobertura de amortizaciones de déficit a largo plazo, por lo que no repercutirá en el débito de las regiones donde se lleven a cabo.
