La Consejera de Economía de la Generalitat de Cataluña asistió el pasado 15 de junio a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para defender un modelo de financiación singular para dicha Comunidad, que reequilibre el déficit de financiación y que duraría ya más de 40 años. Sin embargo, como todos sabemos, la Comunidad más solidaria con diferencia es la Comunidad de Madrid, por lo que no hay ninguna justificación para la admisión de un modelo singular y particular para una Comunidad, que rompa injustificadamente el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas han de disponer de los recursos necesarios y suficientes para la prestación de los servicios correspondientes a las competencias que han asumido, al mismo tiempo que el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas no debe producir desequilibrios financieros ni para la Administración Central ni para otras Administraciones Autonómicas, que habrán de prestar los servicios propios de sus competencias con iguales garantías de suficiencia.
La suficiencia de ingresos se garantiza por el Estado mediante la transferencia de recursos a las Comunidades Autónomas. Una transferencia que se contabiliza objetivamente en función del coste efectivo del servicio en el territorio de cada Comunidad. Por tanto, todas las Comunidades Autónomas reciben los mismos recursos en función del coste de las competencias asumidas, por lo que no cabe admitir la existencia de una discriminación entre Comunidades, ni puede ser admisible la constitución de un sistema de financiación singular particular para una Comunidad.
Las Comunidades infrafinanciadas realmente son Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana, por lo que han de realizarse las modificaciones técnicas en el actual sistema para compensar esa falta de financiación.
Los millones prometidos para a financiación de las Comunidades en 2025 ascienden a 147.412 millones de euros, con el fin de convencer a las Comunidades para que acepten el actual modelo, necesitado de actualización. Mientras se ha aumentado el techo de gasto en un 3,2% para el próximo ejercicio hasta los 195.000 millones de euros, con un incremento de 6.138 millones sin fondos europeos. Por lo que se mantiene la previsión de incrementos constantes de ingresos fiscales, dado que se prevé un déficit del 2,5% en 2025, del 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027. No obstante, este déficit corresponde casi en su totalidad al Estado, consecuencia de que los Ayuntamientos deberán alcanzar el equilibrio presupuestario en 2027, mientras que a las Comunidades Autónomas solamente se permite un déficit del 0,1% de su PIB.
El problema es de sobra conocido por negociaciones entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña respecto de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El Estatuto de Autonomía de aquella Comunidad solamente prevé una fórmula de colaboración “cuando así lo exija la naturaleza del tributo”, por lo que no cabe la cesión del 100% de los impuestos, ni que el Consorcio se convierta en la Administración tributaria de Cataluña, lo que supondría la desaparición de la Agencia Estatal de Administración tributaria en dicha Comunidad. La aceptación de la indicada propuesta tendría efectos negativos en materia de gestión de los impuestos, con efectos negativos en la lucha contra el fraude fiscal, al fraccionarse las bases de datos, al mismo tiempo que se rompería la caja única y la aplicación del principio constitucional de solidaridad.
Por tanto, la opinión pública ha de estar atenta a esta negociación en este período estival, donde nos jugamos el mantenimiento del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y la igualdad de los ciudadanos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Basta ahora el voto de la Ministra de Hacienda y una Comunidad para poner en marcha la modificación del actual modelo, por ello sería importante la modificación del Reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que la adopción de un acuerdo se deba realizar con el voto favorable de la Administración General del Estado y la mayoría simple de las Comunidades Autónomas.
El actual modelo de financiación de las Comunidades Autónomas ha mostrado su eficacia desde su entrada en vigor en el año 2010, por lo que basta con la realización de la actualización de sus reglas y la compensación a las Comunidades infrafinanciadas, sin que pueda admitirse su ruptura mediante la creación de sistemas singulares que rompan la caja única del Estado e impidan la consecución del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución Española.
