La Junta y la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León han firmado este miércoles un convenio para cuatro años que busca avanzar en la reducción de la burocracia y la simplificación de los trámites administrativos de carácter económico.
El acuerdo lo han suscrito ayer el vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox) y el presidente de Empresa Familiar, Isidoro J. Alanís.
El vicepresidente ha valorado el papel de la Asociación Empresa Familiar y ha recordado que ya presentó una batería con 48 propuestas para facilitar los trámites a los emprendedores de la Comunidad, de las que se han aceptado 16 y diez ya se han puesto en marcha, mientras que el resto se encuentran en fase de evaluación.
También ha señalado que este convenio va a generar una interlocución frecuente “a todos los niveles” con esta organización para estas acciones sean “una lluvia fina de medidas” con el fin de pasar “de una administración muchas veces burocrática a una más facilitadora de la vida y de los negocios”.
El acuerdo recoge la celebración de comisiones bilaterales con carácter trimestral para la simplificación administrativa, sin descartar encuentros puntuales mensuales, para avanzar en la disminución de trámites que “de manera excesiva y sin aportar valor añadido” exigen una autorización proveniente del ejecutivo castellano y leonés.
Isidoro J. Alanís ha asegurado que convenios como este son “fundamentales para el progreso de nuestra región, para la creación de riqueza y del Estado de bienestar”.
Entre las medidas se encuentra el silencio administrativo positivo o la declaración responsable de los empresarios, en sustitución de un permiso emitido por el gobierno regional para iniciar trámites, que se suman a otras que ya llevó a cabo la Junta de Castilla y León como la unificación de los registros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera de Duero o la bajada de impuestos.
