— La nueva Ley de Fundaciones de Castilla y León ha permitido flexibilizar la toma de decisiones en los patronatos y evitar así minorías de bloqueo, ¿qué valoración hace de esta circunstancia? En este caso me refiero al funcionamiento del Serla, y al papel de unos sindicatos que tienen una historia de más de 50 años en este país ¿se puede abrir un debate acerca de su función, su representatividad, su praxis o es un tema tabú?
—La función de la representación legal de los trabajadores es una función básica, es necesaria, además creo que es imprescindible y de hecho me parece que hay que impulsarla en la medida de lo posible. Yo no solo no estoy en contra de que existan sindicatos, por supuesto, y que se dediquen realmente a la defensa de los derechos de los trabajadores, que es a lo que se tienen que dedicar.
Pero la función sindical ha derivado en ciertos casos, sobre todo en el caso de los sindicatos mayoritarios, en una especie de doble categoría sindical que se estableció en 1985 con la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que creó una estructura sindical de unos privilegiados sobre otros sindicatos menos privilegiados, y sigue así, no se ha modificado.
No entiendo por qué un partido político puede tener representación en el Congreso con un 3% o en las Cortes de Castilla y León, y sin embargo, para tener representación institucional o en el diálogo social un sindicato tenga que tener el 15 % de representación. Nosotros, en la medida de lo posible intentamos apoyar a todos los representantes legales de los trabajadores.
Esta situación ha creado una politización excesiva de los más representativos, sobre todo en la parte sindical, no tanto en la parte patronal, ha generado una politización cada vez más exacerbada y hemos llegado a los niveles de que en el último 1 de mayo no se hablase de los trabajadores y sólo se hablase del apoyo a la mujer del presidente del Gobierno.
Nosotros, no obstante, vamos a respetar las leyes siempre que estén en vigor y vamos a respetar el funcionamiento del diálogo social y la participación institucional, lo que no quiere decir que no aspiremos a que evolucionemos a un diálogo social más democrático y más participativo en ese sentido.
Y la Fundación del Serla es un claro ejemplo de esta circunstancia. Lo que había desde hace muchos años era una especie de secuestro por parte de las organizaciones sindicales del funcionamiento de esta organización. No olvidemos que las funciones que tiene el Serla ya las realiza la Administración en toda Castilla y León, excepto en Valladolid. O sea, Serla se encarga de los conflictos colectivos y de los conflictos individuales, de la mediación. Entonces, claro, lo mismo que hace el Serla lo hace la Junta. Por un lado tenemos nuestro propio nuestro propio servicio de mediación en los conflictos laborales y por otro lado pagamos el mismo servicio que ofrecen las entidades sindicales y patronales en un instrumento que crearon ellos y que se llama Serla. Es un sinsentido.
Lo que hemos venido es a ordenar este aspecto, pero nos encontramos con el impedimento de que siendo una fundación pública, que no tenía otro objeto que financiar ese instrumento privado entre sindicatos y patronal, nos encontramos cuando llegamos al gobierno que todas las decisiones en esa fundación había que tomarlas por unanimidad. Siendo una fundación pública, y teniendo además establecido en la ley de fundaciones estatal que las decisiones en las fundaciones públicas se toman por mayoría, no se toman por unanimidad, era un contrasentido.
Entonces, bueno, nosotros lo que quisimos es ir por el camino de la buena voluntad, de la lealtad institucional, de proponer medidas de mejora, medidas de ahorro que incentivasen ese cambio por parte de los agentes económicos y sociales para que reconocieran esa realidad.
Cuando llegamos al Gobierno vimos que no sólo se financiaba el Serla por parte de la administración, sino que además, a mayores, se daba una subvención directa a los agentes económicos y sociales de más de 230.000 euros todos los años para asesorar al Serla. Nos parecía algo que no tenía ningún sentido y que era una vía directa de financiación de las organizaciones. Con lo cual lo que hicimos fue cortar de raíz esa financiación, esa subvención directa. Es decir, el Serla era una excusa para percibir esa subvención que no iba a financiar el Serla, iba a financiar a las organizaciones que forman parte, que firmaron ese instrumento y que construyeron ese instrumento.
Este fue el detonante del rechazo desde el principio a cualquier medida de la administración por parte de los agentes económicos y sociales. Rechazo frontal que se mantiene hasta el día de hoy y que todas nuestras ofertas de ahorro, como la sede gratuita en las instalaciones de la Administración, como reducir la figura de un alto cargo que no es necesario y que puede desempeñar el director general de Trabajo o reducir el gasto en mediadores, que podrían aprovecharse si quisieran, de los mediadores que ya tenemos nosotros en la administración, fueron medidas rechazadas y a día de hoy no se han movido ni un milímetro de su posición.
La buena voluntad siempre ha estado por nuestra parte, pero siempre nos hemos encontrado con el rechazo frontal y quiero pensar que a pesar de que no debería ser así, ha sido por una serie de recortes, como he comentado antes, que hemos realizado de gasto político.
— ¿Qué le sugiere la actitud abiertamente hostil en ocasiones de buena parte del Gobierno central contra determinados empresarios Ferrovial, Mercadona, Unitex, generalmente de éxito, y en cambio el intervencionismo en otros casos y toma de control del ejecutivo en otras corporaciones como Telefónica?
—Bueno, la ideología del Gobierno está bien clara. El socialismo es, y lo he dicho alguna vez, es un caballo de Troya dentro de la democracia que lo único que quiere conseguir es el poder absoluto. Una especie de dictadura en lo económico y en lo social y que bueno, que al final lo que está haciendo es reventar las costuras de la democracia en muchos ámbitos, no sólo en el empresarial. Lo estamos viendo en el ámbito territorial, en las relaciones entre las comunidades autónomas.
De hecho, en el año 1985, con la primera mayoría absoluta del gobierno socialista se pusieron las bases de la ley del Consejo General del Poder Judicial y se estableció esa disfunción de nombramiento político. Se pusieron las bases del diferente estatus social de las organizaciones sindicales, unas por encima de otras…Luego se han ido añadiendo toda una serie de componentes que han hecho que la sociedad española se haya ido enfrentando, cuando la Transición fue un modelo de convivencia y de concordia entre todos los españoles y que poco a poco han ido rompiendo los diferentes gobiernos socialistas en el devenir del tiempo.
El segundo hito fue con el del gobierno de Zapatero en el que entra de lleno en el enfrentamiento social entre españoles con la adopción de la ley de memoria democrática, de memoria histórica en un primer momento, y que crea una disrupción completa en lo que era la convivencia de la sociedad española. El auge del independentismo, el auge del separatismo ha ido de menos a más y ha provocado que lleguemos ahora a esta tercera etapa del gobierno de Sánchez Castejón en la que ya el acento se ha puesto en detentar el poder a cualquier costa sin poner ningún límite a las concesiones de los independentistas.
Para mí todos estos elementos forman parte de un todo que es lo que es en el fondo la filosofía del socialismo que siempre ha sido la de extender toda su capacidad de poder a todos los ámbitos sociales y económicos y que utiliza la democracia como caballo de Troya para intervenir la economía y la sociedad española.
—En España ya hay varios ejecutivos en que las fuerzas conservadoras o de derechas gobiernan en coalición. ¿Está usted cómodo en su gobierno?
—Sí, estamos gobernando en consenso, un consenso bastante aceptable, porque nosotros sabemos cuáles son nuestras diferencias, tenemos muy claro que somos partidos diferentes, que tenemos ideas diferentes en algunos ámbitos, pero que tenemos capacidad de negociación y capacidad de llegar a acuerdos. Gobernamos en coalición en cinco comunidades y apoyamos a otra comunidad en su gobierno y creo que es un modelo que hemos sabido exportar y que es un modelo de éxito.
