Son catorce los acusados de pertenecer a una red de distribución de cocaína —cuatro mujeres y diez varones—. Ocupan cuatro bancos de la sala de vistas de la Audiencia de Segovia, mientras que los diez abogados y abogadas que ejercen las defensas han sido ubicados en dos largos bancos a la derecha del tribunal. No es de extrañar que uno de los presuntos delincuentes, poco acostumbrado a estas lides, confundiera ayer a la fiscal con una jueza, en la primera jornada del juicio, al disponer la representante del Ministerio Público, para ella sola, de todo el banco situado a la derecha del tribunal que preside Ignacio Pando. Cosas de la ‘liturgia’ de de la Justicia
Únicamente el letrado de uno de esos catorce acusados propone una condena mínima, mientras el resto solicita inicialmente la libre absolución. La fiscal, por su parte, pide penas que oscilan entre los cinco años de prisión y los tres años y tres meses, por el delito contra la salud pública, y 15 meses o 12 meses, según los casos, por pertenencia a grupo criminal. Todos ellos están acusados de ambos delitos y en conjunto se enfrentan a más de 73 años de prisión por la investigación denominada Operación Renco que realizó la Guardia Civil entre junio y diciembre de 2011, y finalizó con la intervención en total de más de cinco kilos de cocaína.
Este ‘macrojuicio’, para lo habitual en los tribunales segovianos, apunta a derivaciones de lo más pintorescas, por lo que pudo desprenderse de las primeras declaraciones, a pesar de que la mayoría se acogió al derecho de contestar únicamente a su letrado o, en otros casos, a la fiscal y a su abogado defensor. Preguntas y respuestas intentaban reforzar o desbaratar la investigación policial que relaciona a todos ellos de una u otra forma pero también descubriendo relaciones extramatrimoniales, vecinales, prostitución, xenofobia, implicaciones familiares —la Guardia Civil incluye en la red de tráfico de cocaína a la ex pareja de uno de los presuntos traficantes y al hijo de ésta, y a la mujer de otro y a un cuñado— e incluso vínculos deportivos como el fútbol o todo un catálogo de actividades laborales. Llama la atención que prácticamente todos ellos tenían trabajo estable en el momento en el que fueron detenidos, aunque en algunos casos se trataba de actividades de economía sumergida, como ejercer la prostitución —dos de las acusadas, de nacionalidad brasileña y residencia en La Coruña—, como ‘taxista’ sin licencia otro de los implicados, o limpiando casas, otra de las presuntas integrantes de la red.
La vista oral comenzó con la resolución de cuestiones previas presentadas por varios de los letrados que pidieron la nulidad del procedimiento alegando la vulneración de los derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio y a la propia intimidad, e incluso cuestionan los resúmenes de las transcripciones realizadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil de grabaciones telefónicas. El tribunal, tras deliberar durante diez minutos, decidió continuar el juicio. Parte de las alegaciones de los letrados tienen su origen en un auto del juzgado que instruyó la causa, el número 4 de Segovia, que fue anulado por el propio tribunal provincial, al considerar, a raíz de las primeras averiguaciones de la Guardia Civil, que la instrucción competía a un juzgado de Leganés. Sin embargo, este último órgano elevó una cuestión de competencia al Tribunal Supremo, quien acordó que siguiera el procedimiento el juzgado segoviano.
Con la reanudación de la vista comenzaron las declaraciones de los acusados, sucediéndose la de doce de ellos sin interrupción, a un ritmo mucho más rápido que lo previsto inicialmente, por lo que, aunque estaba previsto que el juicio se prolongase durante seis días, finalmente mañana habrá descanso y continuará el miércoles 9 y el jueves 10 para reanudarse, salvo nuevas modificaciones, los días 14 y 15.
Preguntados uno a uno por el presidente de la Audiencia, diez de los acusados informaron de que no están de acuerdo ni con el relato de los hechos ni con los delitos y penas aparejadas que les imputa el Ministerio Fiscal, mientras otros cuatro reconocieron los hechos pero mostraron desacuerdo con la condena solicitada por la fiscal. “Me parece un poco alta”, explicó uno de ellos.
Sin embargo, otro, R. B. F., en el momento de declarar (hizo el 13º), después de entrevistarse durante unos minutos con su letrada, cambió de opinión y no reconoció los hechos, justificando su ‘error’ anterior en la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Así, aseguró que no traficaba con droga cuando fue detenido y tan solo había comprado alguna pequeña cantidad a otro de los acusados A. A. G. C. Precisamente, este último es uno de los pocos acusados que reconoció abiertamente que “trapicheaba” con cocaína, aunque puntualizó que lo hacía para conseguir dinero con el que mantener el coste que el consumo de esta sustancia le originaba. Además, admitió que, en ocasiones, había realizado “algunos trapicheos” con otros dos acusados y “en alguna ocasión, algo, muy poco”, con R. B. F, dijo.
Según la investigación, el grupo estaba liderado por un cabecilla que se encargaba de la dirección y la toma de decisiones sobre la custodia de la droga y su distribución, así como de las operaciones precisas para proveerse de cocaína. Los demás seguían sus instrucciones y asumían funciones secundarias de custodia, transporte y distribución. Se trata de A. M. R. O, con un diminutivo como alias, que se encuentra en paradero desconocido.
Pero ayer, sólo A. A. G. C. reconoció que esta persona le suministró droga en alguna ocasión, mientras otros dos acusados señalaron que le conocían, porque era colombiano como ellos y tenía vínculos con sus familias, pero mantuvieron que nunca habian hecho negocios de ningún tipo con él.
