Las 40 residencias de la provincia de Segovia alcanzan a 24 de mayo de 2024 un índice medio de ocupación del 90%, y el 43% de las plazas están ocupadas al 100% y con lista de espera, según se desprende de la investigación realizada por este medio.
En la provincia existen en la actualidad 40 centros residenciales, de los cuales 15 son de titularidad pública, y el resto, privados. De entre los públicos, la Junta de Castilla y León tiene dos, la resistencia asistida y la residencia mixta de la capital; la Diputación Provincial gestiona el complejo de La Fuencisla, Los Juncos, en El Sotillo y la Alameda, en Navas de la Asunción; el resto de centros públicos pertenecen a los ayuntamientos.
Las 1.300 plazas disponibles de residencias públicas están ocupadas y tienen listas de espera. Según los últimos datos de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales , a 31 de marzo de 2022 la lista de espera de plazas de asistidos ascendía a a 96 personas. Las residencias con más listas de espera son la Mixta y la de Asistidos de la Junta, donde esperan su plaza 40 personas.
Entre las residencias privadas o sin ánimo de lucro, la ocupación es superior al 90%.
Precios
Según el portal especializado en servicios sociosanitarios Inforesidencias.com, el precio medio de una residencia de mayores privada en España en 2024 es de 1.830, más IVA. El precio medio al mes de una residencia privada en Segovia es de unos 1.350 euros más IVA, 500 euros por debajo de la media del conjunto de España.
El precio varía mucho ya que muchos usuarios de residencias privadas pueden acceder a plazas financiadas con la Ley de Dependencia y pagan sólo el copago, éste tiene que ver más con la capacidad económica de la persona que con el precio real de la plaza. La horquilla es amplia ya que en la zona hay residencias cercanas a los 1.300 euros y otras que superan los 1.900.
Número de plazas
La provincia Segovia tiene 3.084 plazas situadas en residencias de mayores y algo más de 7.600 personas mayores de 85 años, que es la edad media de los residentes. Segovia es la sexta capital española en cuanto a número de plazas por habitante, con 8,5 plazas por cada 100 personas de 65 o más años, por detrás de Soria (11,1), Palencia (9,8), Cáceres (9,1) Guadalajara (8,9) y Teruel (8,8). La media nacional está en 4,2 plazas por cada 100 mayores de 65 años.
En cuanto a la titularidad, 1.300 son plazas públicas, es decir, pertenecen a la Junta, a la Diputación o a los ayuntamientos. Todas estas plazas están al 100% de su ocupación y con listas de espera, excepto la de Sacramenia, que tiene 5 plazas libres.
Hay 1.115 plazas en residencias privadas, y otras 671 que dirigen entidades privadas sin ánimo de lucro, como Cáritas, Hermanitas de los Pobres y otras. En estas residencias, el nivel de ocupación es muy alto, superando de media el 90%.
Primeros en dependencia
Castilla y León es la comunidad autónoma donde más rápido se tramita la Ley de Dependencia. De media, entre que se presenta la solicitud y se concede un servicio o una prestación se tardan 127 días, según los últimos datos del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia del Imserso (SAAD), muy por debajo de la media nacional, que está en los 327 días, y lejos de los casi 600 días que deben esperar los ciudadanos de Canarias o Andalucía, por ejemplo. De las 3.084 plazas de residencias de la provincia, 630 están ocupadas por personas beneficiarias de la Ley de Dependencia, en forma de plaza concedida, o en forma de prestación para pagarla.
Si bien el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia está por encima de la media nacional en Castilla y León, y por ende, en Segovia, aún quedan muchos asuntos que mejorar en lo relativo al cuidado de los mayores de la provincia.
La calidad de la atención prestada en los centros residencias depende fundamentalmente del personal contratado, y también supone el mayor gasto para el empresario. Los salarios de los trabajadores de las residencias son bajos. En el último convenio colectivo firmado entre patronal y sindicatos, los salarios para 2024 se establecen en los 2.050 euros para los cargos de mayor responsabilidad, administrador, gerente y director; un médico cobra 1.748 euros, los trabajadores sociales, fisioterapéutas o terapeutas ocupacionales 1.420 euros; las gobernantas poco más de 1.100 euros, al igual que los gerocultores, que se encargan de las tareas más exigentes, como es el aseo y traslado de los dependientes, y cobran 1.132 euros de salario base.
Además, existe una notable diferencia entre las condiciones de los trabajadores de las residencias públicas, que son mejores y más transparentes que las de los trabajadores de residencias privadas.
Unidades de convivencia
Los empresarios ven complicado el cambio de modelo que se impulsa desde las administraciones. Diego Juez, presidente de Acalerte, la patronal de residencias de Castilla y León, asegura que “la experiencia nos ha demostrado que implantar este modelo tiene un coste muy significativo para los centros y eso implica la necesidad de una notable inyección de fondos económicos por parte de las administraciones”.
Acalerte valora los 10,5 millones de euros que destinará la Junta a financiar la modernización y adaptación de las residencias y centros de día públicos, concertados y privados al nuevo modelo de unidades de convivencia, tal y como ha aprobado el Consejo de Gobierno, si bien pide un mayor impuso.
Según Juez, “las bases ya están puestas, pero la pelota sigue en el tejado de la Junta”. “Nos jugamos el futuro de los cuidados de toda una generación, la del baby boom, que está muy próxima a llamar a la puerta del sistema.
En Castilla y León tenemos los mimbres, ahora faltan recursos económicos para hacer frente a la transformación de esos cuidados que la sociedad demanda”, señala el presidente de Acalerte, que ya avisa de que la patronal de Castilla y León estará “muy vigilante” al desarrollo normativo de la ley aprobada en las Cortes autonómicas.
Un IVA unitario
Una de las peticiones que vienen reclamando las patronales del sector es la unificación del IVA en los servicios residenciales. Actualmente, si se tiene reconocida una plaza en la Ley de Dependencia, el IVA que cobra la residencia es del 4%. Pero si no se tiene reconocido el derecho a ocupar esta plaza, el IVA que se paga es del 10%, además del 100% del coste.
“No tiene explicación que un mismo servicio, prestado en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente y que la atención a la dependencia sea considerada un lujo cuando es un servicio de primera necesidad”, sostiene Cinta Pascual, presidenta de CEAPs, Círculo Empresarial de Atención a Personas. Para CEAPs, esta diferencia de IVA conculca el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española y el principio de universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, que recoge la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Igualar el IVA al 4% no solo permitiría aliviar la situación económica de muchas personas dependientes, sino que animaría a muchos de quienes necesitan cuidados a contratar servicios profesionales. Eso conllevará una mejora en la ocupación de los centros, se producirán nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones, y se reducirá el número de parados de una forma directa, consiguiendo así un ahorro en las prestaciones por desempleo.
Además, se mejoraría la recaudación del Estado y se crearía un número elevado de nuevos empleos estables y no deslocalizables, así como un gran volumen de recursos asistenciales, señalan desde la organización. n
