En principio, en el mundo desarrollado la producción de alimentos en cantidad y calidad cubre de forma suficiente las necesidades de la población. Sin embargo, esa situación se contrapone con las pérdidas y el desperdicio de alimentos que muestran de forma evidente el funcionamiento ineficiente de nuestro sistema alimentario y una falta de concienciación social intolerable, cuando una parte importante de la población padece hambre crónica, según los informes de Manos Unidas. Solamente entre las fases postcosecha y la venta en fase minorista se pierde hasta el 14% de la cantidad de alimentos que se producen en el mundo, de acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La reducción drástica de ese volumen de pérdidas y desperdicios alimentarios es un imperativo moral de nuestra sociedad, cuando casi un tercio de la superficie del mundo se usa anualmente para producir alimentos que se pierden o desperdician.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de la Agenda 2030 en su meta 3 establece que para 2030 hay que “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante correspondiente a los niveles de la venta al por menor y el consumidor y reducir la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro”.
El Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario comentado fija la jerarquía de prioridades de la cadena alimentaria, en primer lugar el destino de los alimentos a la donación para consumo humano, en segundo término a la transformación de los productos que no se han vendido en otros productos para su consumo, en tercer lugar su destino para alimentación animal y su uso como subproductos para la industria y, en última instancia, como residuos para el reciclado.
En cuanto a las obligaciones de todos los agentes de la cadena alimentaria, estos agentes deben cumplir la jerarquía de prioridades indicadas, en especial las disposiciones relativas a la donación de alimentos, además deberán disponer de un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario y llegar a acuerdos para donar sus excedentes de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, salvo causa justificada o bien respecto de los establecimientos de venta al público con una superficie inferior a 1.300 m2.
En relación con la estructura económica de Segovia, se recogen las obligaciones específicas de las empresas de hostelería y la restauración, que tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, salvo el coste del envase, los alimentos que no se hayan consumido, salvo en los formatos de servicio bufé libre o similares, así como informar de esta posibilidad de forma clara y visible en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o menú.
Por último, las empresas que venden alimentos al consumidor final podrán voluntariamente adoptar unas buenas prácticas, como disponer de infraestructuras adecuadas para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en condiciones óptimas, que minimicen las pérdidas alimentarias, así como el incentivo de venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima y la creación de líneas de productos imperfectos. En este mismo orden de cosas, también se recogen las buenas prácticas del sector de hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios, como son el fomento de la incorporación de criterios de compra sostenible, es decir, mediante la compra de productos locales, de temporada, junto con la promoción de la flexibilización de los menús, para que el consumidor pueda elegir la guarnición o raciones de tamaño distinto y el fomento de la donación de alimentos con fines sociales.
Unas medidas que, junto con el aumento de la concienciación de nuestra sociedad, pueden ayudar a la reducción de las pérdidas de alimentos y así cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
