En estricto cumplimiento de un guión que le ha impedido reconocer error alguno durante sus ya seis años de mandato, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió ayer a capa y espada la «constitucionalidad y pertinencia» de la declaración del estado de alarma con la que el Ejecutivo hizo frente el pasado sábado a la rebelión de los controladores aéreos, a quienes el socialista acusó de «abierta rebeldía hacia el Estado de Derecho» al impedir el ejercicio del derecho de libre circulación reconocido a todos los ciudadanos con su plante «súbito, masivo y simultáneo» que, según el socialista, causó una situación de «calamidad pública».
Tales críticas fueron compartidas por toda la oposición, que condenó unánimemente la «huelga salvaje» y la «extorsión» de ese colectivo. No obstante, la extrema medida consistente en militarizar el tráfico aéreo recibió críticas por parte de los portavoces de IU-ICV, UPyD, ERC, BNG y Na-Bai.
En defensa de su maniobra, inédita en tres décadas de democracia, el socialista argumentó que el estado de alarma se adoptó después de que el «Gobierno agotara sus posibilidades de actuación mediante medios menos excepcionales, cumpliendo en modo estricto con el principio de proporcionalidad».
«El Gobierno ha adoptado una declaración estrictamente limitada del estado de alarma a las torres y centros de control del tráfico aéreo, la rodeó del máximo posible de garantías y concretó las medidas a aquellas necesarias para poner fin a la alteración del servicio del transporte aéreo, extraordinariamente graves que vivimos el pasado viernes», argumentó el presidente del Gobierno que quiso disipar las dudas de algunos grupos sobre la constitucionalidad de una medida implementada para poner fin a un conflicto del que Zapatero aseguró que no es de índole laboral tal y como sostuvo Rajoy.
De hecho, el líder de los populares afirmó que el «estado de alarma equivale a la proclamación de impotencia» y consideró «curioso» que haya tenido que llegar el PSOE a Moncloa para que en España se aplique el «estado de alarma a un conflicto laboral».
Al margen de dicho debate, que fue más dialéctico que de fondo, pues el PP respaldó a la postre la actuación del Ejecutivo, la sesión parlamentaria, que no permitió tampoco aclarar si Zapatero planea prorrogar el controvertido estado de alarma, sí sirvió para agigantar la figura del líder de la oposición.
De hecho, una treta dialéctica de Rajoy en su réplica al discurso inicial del presidente del Gobierno logró agitar las filas socialistas y animar a los conservadores, que festejaron la alocución de su jefe con un aplauso entusiasta de todos sus diputados puestos en pie.
La finta dialéctica de Rajoy consistió en fingir que insultaba al ministro de Fomento, José Blanco, llamándole «inútil total» y «cara dura», unas expresiones en todo idénticas a las que en 1999 dedicó Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces portavoz socialista, al ministro Rafael Arias Salgado, del PP.
Al no ser conscientes de tal realidad, a medida que el popular desgranaba sus diatribas, los socialistas le iban interrumpiendo con gritos y fuertes golpes que obligaron al presidente de la Cámara, José Bono, a pedir orden.
«Tan cariñosos epítetos fueron los que dedicó don Alfredo Pérez Rubalcaba al ministro de Fomento por unos retrasos en el aeropuerto de Barajas en el año 1999», aclaró entonces presto el máximo dirigente del Partido Popular, provocando un desconcertado mutismo en el PSOE y una apoteosis de vítores en la bancada popular.
Habrá prórroga.- El PP no es partidario de prorrogar el actual estado de alarma más allá de los 15 días que establece la Constitución y que terminarían el próximo 19, pero, a raíz de conversaciones informales con el Gobierno, está convencido de que Zapatero tiene intención de solicitar al Parlamento que le autorice a alargar tal situación.
