La infamia se ha consumado en el Congreso: el peor gobierno de la historia de España acaba de aprobar la Ley de Amnistía, ley que supone un atentado directo contra la Constitución y contra la unidad de España, ley que beneficia a los líderes independentistas del `procés`, divide a la sociedad, debilita a las instituciones y hace que los españoles tengamos menos confianza en el Estado de Derecho.
Una ley de esta naturaleza supone una claudicación ante los intereses separatistas y el reconocimiento implícito de que los delitos de rebelión y sedición dejan de tener legitimidad en nuestro actual ordenamiento jurídico. Supone también una intromisión inaceptable del poder ejecutivo en el poder judicial y un ninguneo de lo que dice la ley de leyes: la Constitución. No lo digo yo, lo dice la sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y hasta los mismos portavoces del PSOE antes de que Sánchez les hiciera cambiar de opinión para mantener bien guarnecido su pesebre. En definitiva, un golpe de gracia al Estado de Derecho del que no podremos reponernos salvo que seamos capaces de parar este dislate.
La Amnistía, de facto, supone que el Parlamento, controlado por esta siniestra coalición cuyos principales miembros han cometido diversos delitos, estén por encima de la Justicia, es decir, ha nacido la casta política que ya no está sometida a la Ley, son ellos quienes emitirán leyes, las interpretarán y las ejecutarán.
Estamos frente a una amnistía no ya inconstitucional sino contraria a los estándares mínimos exigibles en la Unión Europea, que advierte de los riesgos de una amnistía no debatida públicamente a través de los cauces institucionales oportunos, que se adapta como un guante a las necesidades procesales concretas de una persona con nombre y apellidos y que se ha tramitado con urgencia y sin unas mínimas garantías técnico-jurídicas.
Dicen los que la han aprobado, que buscan sinceramente una reconciliación o la superación de una crisis política e institucional excepcional. Pero sabemos sencillamente que esto no es verdad, porque así lo dicen un día sí y otro los dirigentes independentistas, con Puigdemont a la cabeza. De hecho, ya han afirmado que lo siguiente será el referéndum de autodeterminación.
Por tanto, esto no va de estabilidad parlamentaria, pactos de legislatura o reconciliación: va de conseguir la impunidad para unos cuantos políticos por unos actos muy graves a cambio de prestar sus votos para un gobierno que no podría existir sin ellos. ¿Cabe preguntarnos?: si los políticos pueden declarar su impunidad cuando les convenga ¿Dónde queda el imperio de la ley y el Estado social y democrático de derecho? Por este camino vamos mal.
Ciertamente, no podemos ser muy optimistas con respecto a lo que nos depara el futuro inmediato. Esta ley es un poderoso corrosivo de nuestras instituciones y nuestro Estado social y democrático de Derecho. No sirve para la reconciliación ni para superar ninguna crisis.
Veremos cosas muy preocupantes en los próximos meses, y es importante que los españoles seamos conscientes del desafío una vez que el Gobierno ha optado por desentenderse de la defensa de los principios y valores constitucionales, por mucho que proclame lo contrario. Pero no por eso hay que desanimarse. Cabe emplear las herramientas jurídicas que el propio Estado de Derecho contempla, sin temor. Debemos trasladar a jueces y magistrados que los españoles confiamos en ellos. Debemos hacer pedagogía y combatir la desinformación y la mentira, aunque provenga de fuentes oficiales. Debemos confiar también en la Unión Europea. Y, sobre todo, debemos confiar en nosotros mismos: un Estado social y democrático de Derecho resistirá cualquier tipo de virus populista y dictatorial si sus ciudadanos así lo deciden.
