Jarro de agua fría para la Generalitat de Cataluña, así como los frentes independentista y nacionalista. El Tribunal Superior de Justicia de esa región (TSJC) dio ayer un plazo máximo de dos meses al Departamento de Enseñanza para que adapte su sistema educativo con el fin de implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, junto al catalán.
El auto del TSJC fija un límite para que el Gobern cumpla la sentencia de diciembre pasado, en la que el Supremo (TS) le obligaba a ejecutar la medida que acaba de ser ratificada. Dicho fallo apremiaba a la Generalitat a adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada tras la decisión del Constitucional sobre el Estatut, que se expresaba en el mismo sentido.
El pasado mes de junio, el alto tribunal catalán requirió al Departamento de Educación que le informara en el plazo de 10 días de las concretas medidas que había adoptado para cumplir la sentencia del Supremo.
La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, envió entonces al TSJC un escrito con datos estadísticos sobre el uso de las lenguas en Educación, que concluía que para «garantizar la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales» al finalizar la enseñanza secundaria, era necesario continuar con el actual modelo. Su departamento argumentaba que el estado de normalización lingüística de la sociedad catalana no permite el cambio del modelo educativo actual.
Para el TSJC, dicho escrito «resulta insuficiente» para considerar cumplido el fallo del TS, por lo que instó a la Generalitat a aplicarlo, concediéndole un plazo de dos meses, dada la «complejidad» que supone adaptar su sistema educativo a la sentencia. Eso sí, le advierte de las «consecuencias legales» que puede suponer el incumplimiento de este auto. De hecho, la ley prevé desde la imposición de multas hasta la apertura de diligencias penales a los que impidan la ejecución de un fallo.
Otro punto importante es que la resolución de la sala contencioso-administrativa del TSJC puede ser recurrible, pero su impugnación no suspendería en principio la ejecución de la sentencia.
La sentencia del Supremo sobre el idioma regional obedece a los recursos interpuestos por padres de alumnos escolarizados en Cataluña que denunciaron el modelo de «inmersión» monolingüe imperante, en su opinión, en el sistema educativo regional, y advertían de que el estudio del castellano queda reducido a una asignatura más.
Como era de suponer, PP y C’s celebraron el dictamen del TSJC, exigiendo al Ejecutivo de Artur Mas que cumpla con el fallo. La única voz crítica vino de UGT-Cataluña, que habló de «una persecución lingüística».
