Así lo ha informado el fiscal jefe de la Audiencia madrileña, Eduardo Esteban, que ha explicado que los 26 controladores que están citados para hoy, mañana y el próximo lunes son los que la policía identificó el viernes pasado por haber abandonado su lugar de trabajo, y que se habían reunido en el hotel Auditorium, cercano al aeropuerto de Barajas.
Se pretende investigar a un total de 175 controladores en Madrid, aunque si continúan en la misma postura de no declarar, se dejaría de citarlos para evitar dilaciones en la investigaciones, ha señalado Esteban, quien ha añadido que de momento no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra ellos.
Zapatero asegura que pedirá prorrogar la alarma si sigue riesgo de chantaje
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Zapatero ha replicado con firmeza a los grupos parlamentarios que han cuestionado en el pleno extraordinario del Congreso la decisión del Gobierno de decretar el estado de alarma y ha subrayado que se aplicó «una medida de excepción para acabar con una situación de excepción», vigente desde que se firmó el convenio de los controladores en 1999.
Ha cargado además con dureza contra este colectivo, al que ha acusado de no aceptar el decreto ley que reguló su jornada y de ejecutar «una acción deliberada y concertada para producir efectos extraordinariamente dañinos a los ciudadanos y a la economía».
«Lo que juzgamos hoy no es un conflicto laboral, no es una huelga, es una desobediencia, es un incumplimiento flagrante de las leyes y un desafío al orden democrático», ha recalcado.
El líder del PP, Mariano Rajoy, reprochó hoy al Gobierno el no haber hecho nada durante seis años y medio con respecto a los controladores, cuyo convenio colectivo había finalizado en diciembre de 2004.
En su segunda intervención en el congreso, Rajoy reiteró que, aunque su partido haya apoyado al Gobierno en sus medidas para restaurar el tráfico aéreo tras el plante de los controladores, «otra cosa distinta es que yo apoye el hecho de que no hicieran nada» durante los últimos años.
Además, recordó que el convenio colectivo por el que seguían rigiéndose los controladores hasta el decreto ley de febrero de este año, aunque se firmó en 1999 bajo un Gobierno del PP, reproducía el estatuto de 1992 apoyado por un Gobierno socialista.