Pompeyo González, el jubilado de 74 años detenido en Burgos por el envío en 2022 de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania y a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), será juzgado desde este lunes en la Audiencia Nacional.
Se enfrenta a 22 años de cárcel. La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé le acusa de un delito de terrorismo (10 años) y de otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos (12 años).
Le reclama además una indemnización de 1.500 euros para el trabajador de la embajada de Ucrania que resultó herido al manejar una de las cartas enviadas.
El lunes, primer día de juicio, está prevista la declaración del acusado, así como de testigos y peritos de la Guardia Civil y Policía Nacional.
Al día siguiente será el turno de personal de seguridad de Presidencia del Gobierno, de la Embajada de Ucrania, de Instalaza, de la Base de Torrejón, del Ministerio de Defensa y de Correos, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
La tercera jornada la Sala espera poder practicar la prueba documental y pasar al turno de conclusiones e informes definitivos de las partes.
El detenido buscaba la conmoción de la sociedad por el apoyo de España a Ucrania.
“Pompeyo González Pascual, contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España, por el de los Estados Unidos de América, así como por otras instituciones radicadas en territorio nacional, con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española”, elaboró dichos artefactos en su domicilio de Miranda de Ebro (Burgos), relata la fiscal en su escrito de acusación.
Considera que la cantidad de explosivo empleada “y su disposición en el artefacto sería suficiente para producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados”.
El pasado 14 de abril, el juez del caso, José Luis Calama, dejó en libertad a este funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria tras casi tres meses en prisión preventiva desde su detención en enero en la operación Konvert (“sobre” en ucraniano).
Para garantizar su presencia en el juicio, le impuso comparecencias semanales en el juzgado más próximo, la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de fijar un domicilio donde ser localizado.
Los seis envíos de cartas con explosivos
Entre el 18 y 21 de noviembre de 2022, según la fiscal, envió desde la ciudad de Burgos el sobre dirigido al presidente del Gobierno, que fue recibido el 24 de noviembre en el complejo del Palacio de la Moncloa, donde se comprobó que podía contener algún tipo de artefacto.
