La Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales invertirán 90 millones de euros entre este año y 2027 para mejorar las redes de abastecimiento de agua potable de 225 núcleos rurales de población en los que viven 150.000 personas. En concreto se renovarán 200 kilómetros de tuberías y se instalarán 100.000 contadores inteligentes, entre otros actuaciones, que permitirán ahorrar cuatro millones de litros de agua al día.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, suscribió ayer con las diputaciones provinciales el protocolo general para la renovación de las redes de abastecimiento y la mejora de la eficiencia en la gestión del agua potable, lo que dará lugar a la firma de los acuerdos para acometer las diferentes actuaciones con cargo a este programa, que se financia en parte con fondos europeos.
En su intervención, Fernández Mañueco aseguró que este nuevo protocolo refleja el “compromiso” con la sostenibilidad y la protección de la naturaleza y el medio ambiente. “Hemos aprendido, dijo, de las últimas sequías”, por lo que subrayó que ahora se da un paso “decisivo” en la gestión y calidad del agua potable desde el Gobierno de la Comunidad y de la mano de las diputaciones, instituciones “fundamentales” por estar pegadas al territorio, y los ayuntamientos.
El presidente explicó que el objetivo es mejorar el abastecimiento y la calidad del agua a más de 150.000 personas de Castilla y León, que residen en 225 núcleos rurales, con una inversión de 90 millones para el periodo 2024-2027. Con ello, señaló, se pretende “modernizar” las redes, con la renovación de tuberías “obsoletas”, que permitan reducir las pérdidas de agua, pero también “digitalizar” y “mejorar” el control de la presión y el consumo.
Para ello, Fernández Mañueco indicó que se sustituirán 200 kilómetros de tuberías y se instalarán 100.000 nuevos contadores inteligentes, que permitirán ahorrar cuatro millones de litros de agua al día, “se dice bien y pronto”. Además, se creará una nueva plataforma de gestión que permita controlar la gestión y consumo de agua. Por ello, subrayó, se mejora la eficiencia ambiental y económica, por el incremento de la recaudación de las entidades locales, que se estima en un 25 por ciento.
Igualmente, el presidente señaló que “urge” poner en marcha este protocolo para iniciar posteriormente la firma de los convenios para la puesta en marcha de las actuaciones. La financiación, recalcó, procede en parte de los fondos europeos, por lo que existe un límite temporal para la justificación de la inversión, lo que advirtió “no permite demoras”. De esta forma, en los próximos días, se constituirán los grupos de trabajo con cada diputación para actuar con “eficacia” y definir las principales actuaciones a desarrollar.
En conjunto, recalcó Fernández Mañueco, se trata de una apuesta por la modernización, la sostenibilidad y la calidad de vida en Castilla y León, mejorando la gestión “eficaz” del agua, tal y como reza en el eslogan escogido para este acto, ‘Mejorando gota a gota’.
Además, indicó que se suma a los proyectos que ya están en marcha para mejorar el abastecimiento, con 65 millones para los sistemas mancomunados en los núcleos con problemas de suministro; a los 25 millones para actuaciones puntuales en los depósitos o sondeos, lo que eleva la cifra total de inversión a los 180 millones, sin contar la depuración.
Por todo ello, el presidente de la Junta aseguró que este acto demuestra el compromiso con el municipalismo y que tanto el Gobierno autonómico, como las diputaciones, están comprometidos con el territorio y quieren apostar por la “eficacia” y la “utilidad” en una comunidad que subrayó cuenta con unos “servicios públicos de primer orden” y con un medio natural “inigualable”, que además es “ejemplo” y “modelo” de calidad de vida y “vida saludable” para quienes la visitan.
Fernández Mañueco concluyó que entre todos, junta, diputaciones y ayuntamientos, construyen la Comunidad, un “referente” para vivir y una verdadera tierra de oportunidades. Además, remarcó que su Gobierno apuesta por la colaboración con las administraciones para la gestión de los fondos europeos y para dinamizar el “extenso” territorio rural, para tejer redes que permitan la llegada de la actividad y el empleo.
