La puesta en venta de las fábricas de Idemsa (Investigación y Desarrollo de Equipos Médicos S.A.) se anuncia con grandes letreros situados en las vallas de la que fue una de las empresas señeras de la provincia, dedicada a la producción de dializadores.
La venta de las instalaciones es el último paso del proceso de liquidación que se abrió en octubre de 2007, tras iniciarse el proceso concursal que supuso el final de la actividad y el despido de más de cien trabajadores, la gran mayoría mujeres.
La autorización del Juzgado para la venta se produce después de que lo hayan solicitado los administradores judiciales designados para este caso. Y de que éstos a su vez se hayan reunido con las entidades bancarias afectadas por el concurso de acreedores.
La empresa que se hará cargo de la venta de los activos ha realizado una valoración que incluye tanto los terrenos, como la maquinaria que albergan las naves industriales.
De este modo, las fincas, que tienen una superficie de 9.041, otra de 2.300 y una tercera de 5.085 metros cuadrados, están valoradas entre 900.000 y un millón y medio de euros. La maquinaria y los equipos de la fábrica de dializadores y la de fibras están tasados entre dos y más de tres millones y medio de euros. La empresa autorizada para la venta ha elaborado una tasación separada, tanto para la maquinaria como para los edificios y los terrenos.
La venta de la empresa se produce después de que el Juzgado de lo Mercantil tramitara la propuesta de culpabilidad de los antiguos administradores de la fábrica por gestión nefasta. La imputación de culpabilidad afecta al empresario Gianmario Tinti, que era el presidente del consejo de administración y consejero delegado de Idemsa. Le considera responsable de autor doloso y le atribuyen la mayoría de las “irregularidades” detectadas en la gestión de la empresa.
También responsabilizan a otros miembros del consejo de administración, algunos de los cuales presentaron su dimisión. De acuerdo con los administradores concursales existió “complicidad” entre ellos. Tan sólo exoneran al segoviano Mariano Hernángómez, quien también dimitió de su cargo. En total piden para seis antiguos gestores una inhabilitación durante dos años para administrar bienes ajenos, y de quince años para Gianmario Tinti. Además piden que sea condenado a “devolver las cantidades de dinero indebidamente apropiadas” y que cifran en más de dos millones de dólares cobrados indebidamente.
