Las autoridades de Chile trataban ayer de socorrer a cientos de miles de damnificados que carecen de agua, luz y alimentos tras el terremoto que el pasado sábado devastó parte del país, y, al mismo tiempo, combatir el vandalismo.
Los fallecidos por el seísmo de 8,8 grados son ya 723, además de 19 desaparecidos, y la de afectados a dos millones, a los que el Gobierno intenta ayudas con las medidas anunciadas el domingo por la presidenta Michelle Bachelet.
Ayer comenzó el envío desde Santiago al sur de raciones alimenticias cuya característica es que sólo necesitan ser calentadas antes de consumirse. También se procura normalizar la conexión vial entre Santiago y el sur de Chile, y el aeropuerto de Santiago será reabierto en las próximas horas a los vuelos nacionales. Según el Ministerio de Obras Públicas, las salidas de vuelos internacionales podrían reanudarse el viernes.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, anunció el aplazamiento o suspensión de pagos tributarios en las regiones afectadas. En el sector minero, la estatal Corporación del Cobre (Codelco) y la británica Anglo American reabrieron sus minas situadas en la zona afectada y que representan, en conjunto, una producción de alrededor de un millón de toneladas anuales de ese metal.
Pese al toque de queda decretado en la provincia de Concepción, los habitantes de localidades como Chiguayante, San Pedro de La Paz, Hualqui y Lota, así como en Coronel, en la vecina provincia de Arauco, vivieron una noche de terror, según relataron a los medios de comunicación personas acosadas por grupos que pretendían saquear sus casas.
En Chiguayante, un hombre murió por un balazo en un aparente enfrentamiento entre saqueadores y vecinos, aunque la Policía chilena afirmó que se trató de una riña por motivos ajenos a la situación de emergencia.
Las autoridades de Bío Bío, una de las más afectadas, anunciaron que el toque de queda regirá entre las 21,00 y las 06,00 hora local, esta vez con mayor presencia militar y policial en las calles.
Los habitantes de las localidades vecinas a Concepción criticaron que, pese al vandalismo, la presencia militar o policial fue nula en la primera jornada bajo estado de excepción.
La alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, consideró «insuficientes» los 1.500 efectivos destinados a la ciudad.
«El panorama es bastante mejor que ayer (domingo). Ayer teníamos una ciudad en caos, sin control, donde la rapiña, el saqueo era una cosa horrorosa. Eso ha disminuido considerablemente, pero no ha desaparecido», sostuvo Van Rysselberghe.
El subsecretario chileno del Interior, Patricio Rosende, informó por su parte de que 55 personas fueron detenidas por violar el toque de queda y otras 105 por saqueos, aunque calificó la jornada de «tranquila», con algunos «focos menores» de disturbios.
Una habitante de Chiguayante narró que sintieron «disparos durante toda la noche (del domingo), tuvimos que prender fogatas y cuidar nuestras cosas». También hubo saqueos en Santiago, Talca y Constitución, según denunciaron sus pobladores, que especialmente en provincias continúan sin suministro de agua y electricidad y con el servicio telefónico con frecuentes interrupciones. Según el general de Carabineros Rodrigo Ortega, en Santiago se registraron 16 ataques a supermercados, de los que 11 fueron frustrados por la policía.
En el municipio santiaguino de Independencia, los vecinos de la villa Las Rosas pasaron la noche en vela para defender sus viviendas de intentos de saqueo.
Por otra parte, este lunes se activó la ayuda internacional con la llegada desde Argentina de medio centenar de médicos y tres hospitales de campaña. Chile pidió oficialmente a Naciones Unidas en su sede de Ginebra el envío de equipos de evaluación de daños.
El embajador ante la ONU, Carlos Portales, declaró que su país necesita sobre todo puentes móviles, teléfonos por satélite, generadores eléctricos, hospitales de campaña, equipos quirúrgicos y centros de diálisis. La Unión Europea anunció el envío de asistencia médica y técnica.
