Lejos de bajar, las tensiones surgidas en el Congreso de los Diputados a raíz de las presuntas actas de las reuniones entre ETA y el Gobierno siguieron creciendo ayer, llegando hasta las puertas de Ajuria Enea, donde populares y socialistas vascos se juramentaron para sostener un matrimonio que parece haber entrado en crisis. Y es que ya lo dijo el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons: «Tenemos un socio en el pacto antiterrorista que es el mayor mentiroso de España». Así, avanzó que si se constata que el Ejecutivo está negociando con ETA en este momento, la alianza «saltaría por los aires».
Desde la otra orilla, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, afirmó que el PSOE podría haber usado «papeles de la banda» para «lesionar» al Gabinete Aznar, pero rompieron «simbólicamente las actas de las negociaciones del 99». Además, pidió a sus rivales que no pongan al «Gobierno en el banquillo con ETA como testigo».
Y es que, como era de esperar, las explosivas declaraciones del pasado miércoles del presidente del PSE-EE (y mediador en la última tregua), Jesús Eguiguren, en las que aseguraba que hubo negociaciones con la organización criminal tras el atentado de la T-4, han causado un enorme daño al frente demócrata.
Quizás tirando del diccionario de la RAE, Jáuregui habló más de conversaciones, y advirtió de que las promesas de no detener terroristas durante el alto el fuego eran «invenciones que se hacían en el marco de la negociación». Además, estas afirmaciones «seguramente responden a un conocimiento que él no tiene», si bien le parecieron «bastante razonables».
Estas explicaciones no le convencieron lo más mínimo al portavoz del PP en la Comisión de Interior, Ignacio Cosidó: «Rubalcaba mintió a los españoles cuando afirmó sobre los cascotes de la T-4 en Barajas que el proceso de negociación con ETA estaba roto, liquidado y acabado. El propio presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y no la banda asesina, reconoce que continuó la negociación. La mentira en democracia debe tener consecuencias».
Lo que sí que resulta sorprendente es que los dos actores principales de la alianza entre socialistas y populares en el País Vasco, Antonio Basagoiti y Patxi López, no efectuaran declaración alguna durante la jornada, ni siquiera su círculo más cercano de colaboradores. En ese sentido, solo la parlamentaria autonómica del PP María del Mar Blanco contempló la posibilidad de una ruptura del pacto.
Eso sí, desde Génova se insistió, pese a los ataques furibundos de algunos de sus primeros espadas, que el líder de la nave conservadora, Mariano Rajoy, huye de amenazas y no quiere quebrar la alianza, al tiempo que «está seguro» de que el PSOE no está dialogando con los etarras, pese a lo que digan Mayor Oreja y Aznar.
Mientras, en la Cámara Baja, diferentes formaciones como CiU e IU se cebaron con los conservadores. Así, el secretario general de los nacionalistas catalanes, José Antonio Durán, aseguró sentir «vergüenza ajena» al ver en el Congreso al PP utilizando la política antiterrorista para «erosionar» al Gobierno, y dio a entender que su grupo, como el PNV -sorprende que hace días amenazara con denunciar al Ejecutivo por este asunto- y otros, tampoco apoyará que se exijan explicaciones al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba. «Entre ETA y el Gobierno, siempre del lado del Gobierno», resumió.
Desde IU, Llamazares estimó que «no corren buenos tiempos» para el Pacto porque el PP intenta romperlo por interés electoral.
Pumpido lanza un aviso a EA.- Ilegalizado Sortu, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, sostuvo ayer que los partidos demócratas que se dejen ‘contaminar’ correrán la misma suerte. La semana pasada, Mariné Pueyo, ex concejala en Pamplona de ANV, cuya hija fue detenida por pertenecer a SEGI y que se negó a condenar el asesinato de Isaías Carrasco, sostuvo, en la víspera de las calabazas del Supremo a Sortu, que la izquierda abertzale estaría en las urnas de una forma o de otra. Vistos los guiños más que evidentes entre Batasuna y EA, rubricados en el pacto de Lortu arte (Hasta conseguirlo), iba siendo hora de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, se posicionara. Así, advitió a los partidos legales que permitan o autoricen la infiltración en sus listas de miembros de la antigua HB que sus candidaturas serán ilegalizadas.
«Lamentablemente, esos partidos legales se encontrarán con que si autorizan o permiten la infiltración de Batasuna dentro de sus listas, serán sus listas las que resulten ilegalizadas», ha aseverado el fiscal general.
En este sentido, el jurista indicó que se está trabajando ya «en poner todas las trabas posibles al plan B y al plan C de Batasuna», en referencia a un eventual intento de concurrir a las elecciones mediante agrupaciones o aportando candidatos a las listas de una coalición formada con otros partidos, como la que EA y Alternatiba prevén presentar bajo el nombre de Bildu (Reunir).
Además, Conde-Pumpido, que tachó de «basura» lo que dice la banda -Rubalcaba usó el término bazofia-, añadió que los fiscales están «preocupados» por lo que está pasando ahora y no «hace cinco años», en respuesta las críticas de la Asociación de Fiscales (AF), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera, que el pasado miércoles denunció mediante un comunicado que las actas levantadas por ETA de las reuniones mantenidas en 2006 con el Gobierno demuestran la «instrumentalización» de este órgano de la Justicia.
