La Junta de Castilla y León contará con un órgano mediador en cada servicio territorial de las provincias para reunir a grandes tenedores de viviendas y a personas vulnerables en riesgo de desahucio para facilitar alternativas que eviten la judicialización y el alzamiento de estos últimos.
Así figura en una de las enmiendas, en concreto la número 30, que los Grupos Parlamentarios PP y Vox han presentado a la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes y que, previsiblemente, se aprobará en el debate sobre la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que se desarrollará en el Parlamento autonómico junto al de aprobación de la Ley de Presupuestos de 2024.
Se trata de una nueva disposición adicional a la Ley de Derecho a la Vivienda de Castilla y León, que incluye un procedimiento de mediación previo a la admisión de las demandas de desahucio que hagan los grandes tenedores de vivienda cuando el inquilino sea un ciudadano en situación de vulnerabilidad económica.
Así, cuando el propietario vaya a iniciar el proceso de demanda, deberá acudir antes al órgano mediador de la Junta en cada provincia, que deberá a su vez notificar a la persona susceptible de ser demandada la información sobre su situación y el proceso a seguir, incluyendo la petición de conformidad para participar en el procedimiento de mediación y su autorización para que el servicio competente en materia de asistencia social acceda a sus datos económicos y demás circunstancias de carácter personal que acrediten su situación de vulnerabilidad.
Una vez preste su conformidad, se pedirá al servicio competente en materia de asistencia social del ayuntamiento o diputación provincial de referencia que acredite dicha vulnerabilidad y, si esta se confirma, el órgano mediador citará a las partes para celebrar una sesión tras la que deberá proponer alternativas viables para cada situación, orientando a propietario y persona a la adopción de acuerdos.
Tras ello, el órgano mediador realizará un informe que será facilitado a las partes y al tribunal que tramitará la demanda en el que se incluirán los acuerdos y las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda a las que se podrá acoger la persona en situación de vulnerabilidad. El acta contará con una vigencia de tres meses.
De esta forma, y según acreditan ambas formaciones en su enmienda, se da respuesta a los “desafíos planteados” por la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, como se hace con la ampliación a los 36 años, incluida en la misma enmienda, de la edad para acceder a una vivienda joven.
Reducir el minifundismo
La aprobación de los Presupuestos podría abrir una vía para facilitar la concentración de fincas forestales y contribuir a una gestión “sostenible y eficiente” de los recursos que apueste por reducir el minifundismo en el sector, una de las principales demandas de las asociaciones de propietarios forestales de la Comunidad y sobre la que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se comprometió a buscar una solución, en colaboración con las asociaciones forestales, encabezadas por Fafcyle.
Así lo plantean los grupos parlamentarios PP y Vox, que han presentado varias enmiendas para incorporar a la Ley de Montes mecanismos de colaboración público-privada, la cual llegaría mediante la creación de entidades selvícolas, una figura que “debe permitir que se impulsen y agilicen determinados trámites y procedimientos relacionados con la ordenación y la gestión forestal.
