Hace poco tiempo, la Agencia Internacional de la Energía aconsejó a Sánchez pensarse “dos veces” el apagón nuclear, y con ese motivo mantuve una interesante conversación con un buen amigo que se manifiesta antinuclear por lo que a su juicio tiene de peligrosidad esta energía. Me puso el ejemplo de Chernobyl, pero le contesté que no tenía nada que ver con nuestras centrales nucleares porque allí, en Chernobyl, bajo la apariencia de una central nuclear normal, lo que hacían era fabricar plutonio para las armas nucleares soviéticas, además usaban uranio sin enriquecer que es más peligroso, y refrigeraban con agua corriente para rebajar costes. Un accidente de esas características no podría haber sucedido nunca en Europa, porque en todos los países que hay energía nuclear existen organismos que aseguran el buen funcionamiento y la seguridad.
En España tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear (C.S.N.), cuya misión es proteger de las radiaciones a la población, a los trabajadores y al medio ambiente, y conseguir que las instalaciones nucleares y radiactivas operen con total seguridad. Corresponde al Parlamento ejercer un control continuado sobre él, y para ello existe en el Congreso de los Diputados una Ponencia encargada de las relaciones con el C.S.N., donde se invita a comparecer a personas relacionadas con la energía nuclear para resolver todas las dudas que puedan tener los parlamentarios. Posteriormente, y ya en la comisión de Industria, se estudia el informe anual sobre aspectos concretos relacionados con materias en las que el C.S.N. tiene competencia y los diputados fijan su posición al respecto.
Tuve el honor de presidir algunos años esa Ponencia durante las legislaturas de la etapa del gobierno Aznar. Es una ponencia muy particular porque sus deliberaciones y comparecencias no se publican en el Diario de Sesiones, aunque se graban y se guardan. Los grupos parlamentarios solicitan las comparecencias que creen oportunas y se les convoca a una reunión. Se citan a presidentes de empresas relacionadas con el sector como Enusa o Enresa, a directores de centrales nucleares, técnicos, alcaldes con centrales en su término municipal, etc. Allí los diputados hacen las consultas pertinentes con el objeto de trabajar a conciencia su intervención en la comisión de Industria tras el informe anual de la presidencia del C.S.N.
Debo decir que fue muy ilustrativo porque comparecían personas relevantes de todos los sectores y daban opiniones muy cualificadas. Y conviene subrayar que todo lo relativo a la energía nuclear es de un interés especial para cualquier país que quiere tener asegurado un buen servicio energético para la población; por ello se debería explicar a los ciudadanos con toda claridad y total transparencia el funcionamiento de las centrales nucleares (tanto lo positivo como lo negativo), pero sin dar lugar a ningún tipo de demagogia. Tras mis años de trabajo en esta ponencia y en la comisión de industria, soy un convencido defensor de la energía nuclear. Y me alegro de que la Comisión Europea haya aprobado la etiqueta de “verde” y “sostenible” a la energía nuclear colocándose al lado de países como Francia y desoyendo a países como España que abogaban para que la Unión Europea únicamente considerara verdes a las renovables.
Una lástima que el gobierno del PSOE decretase en 1984 la moratoria nuclear, que produjo la paralización de Lemóniz I y II así como los proyectos de otras centrales nucleares. La paralización de Lemóniz fue una victoria para la banda ETA y una derrota para el futuro energético de España. Los atentados de ETA a los reactores, al puesto de la Guardia Civil que vigilaba las obras de la central, las bombas en los comedores de la empresa constructora y el secuestro y posterior asesinato del ingeniero jefe José María Ryan, hicieron que el proyecto nuclear español descarrilase sin remedio. Si hubiésemos construido algunas centrales más, hoy seríamos mucho más independientes desde el punto de vista energético.
Debido a estas circunstancias, el gobierno González claudicó ante la presión, paralizó todos los proyectos y estableció que para compensar a las compañías propietarias de estas instalaciones, el Estado debería pagarles el equivalente en las antiguas pesetas a los 4.383 millones de euros de hoy. Y esa partida, se sufragó a través de la factura de la luz, es decir, la tuvimos que pagar todos los españoles hasta 2015, año en que se completó el pago total. Creo que ahora no se explican las cosas como se debiera y además hoy se pretenden borrar los recuerdos de aquellos momentos tan difíciles que pasamos por culpa de la banda terrorista ETA, a quien ahora quieren blanquear de una manera vergonzosa. La muerte de Miguel Ángel Blanco fue su derrota moral, pero ahora nuestros jóvenes ya no saben quién fue y mucho menos todas las víctimas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tan trágicamente fueron asesinados. Lamentable.
Pero volviendo al relato, hay que decir que desde el Congreso se procuraba formar a los diputados lo más posible para entender bien todo el proceso, por lo que algunos miembros de la Ponencia del CSN fuimos a visitar almacenamientos de residuos nucleares contando en numerosas ocasiones con el apoyo de Enresa, sobre todo bajo la presidencia del ilustre economista segoviano José Alejandro Pina, que siempre mantuvo un estrecho contacto con los parlamentarios.
Estuvimos en Holanda (Habog) visitando un ATC (Almacenamiento Temporal Centralizado) y en Francia y E.E.U.U. viendo sus AGP (Almacenamiento Geológico Profundo). Ambos, tanto los ATC como los AGP, gestionan y almacenan los residuos radiactivos aunque los ATC son generalmente en superficie, mientras que los AGP guardan los residuos de alta actividad a gran profundidad. Desciendes durante unos minutos interminables en un ascensor y llegas al fondo donde una serie de túneles albergan los residuos. Da miedo y ansiedad estar a esa profundidad y pensar que los residuos estarán ahí durante siglos si antes no somos capaces de reconvertirlos en energía, cosa que espero que suceda en un futuro próximo.
Me he detenido brevemente en estas visitas para que la gente tome conciencia de lo que nos pasa en España. Porque nosotros guardamos los residuos de baja y media actividad en El Cabril, en la Sierra Albarrana provincia de Córdoba, pero como no hemos construido ningún almacenamiento para los residuos de alta actividad, estamos pagando a Francia desde hace años más de 75.000 euros diarios para que gestionen los nuestros. Y todo porque no somos capaces de ponernos de acuerdo para construir nuestro propio almacenamiento. Sobre esto, quiero señalar aquí que en España tenemos un extraordinario proyecto para construir uno moderno y además arropado por un Centro Tecnológico pionero en tecnología nuclear, pero que la demagogia y el miedo que provocan los antinucleares de salón y los que hablan sin saber, hace que sigamos sin bajar de las musas al teatro. Pero eso es otra historia.
Con todo esto, lo que he pretendido decir es que en España debemos estar absolutamente tranquilos con el trabajo que se hace desde el Consejo de Seguridad Nuclear que garantiza no sólo el buen funcionamiento y la seguridad de las centrales, sino también de toda la energía nuclear utilizada en hospitales. Y en el Congreso se cumple con la misión encomendada del correspondiente control.
